Fernando

Fernando

ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ 17 FEB 1998

La verdad de los hechos históricos se desvela con el paso del tiempo. La sociedad española un día conocerá lo que todos debemos a Fernando Abril.Cuando España terminaba una larga dictadura, un grupo de hombres, más ligados al viejo régimen que a la oposición democrática, tomaron la decisión de agruparse para favorecer la recuperación de la democracia y la libertad. Con Adolfo Suárez como conductor, desmontaron la arcaica estructura que impedía el ejercicio libre de la voluntad popular y convocaron unas elecciones democráticas en 1977. El acontecimiento no tenía precedente histórico en España. La unidad de grupos y personalidades de las derechas siempre había tenido como objetivo él rapto de la libertad, las etapas autoritarias. Por primera vez, una agrupación de personajes y pequeños grupos se alían bajo las siglas UCD para ayudar a la revitalización democrática.

MÁS INFORMACIÓN

Oración por un hombre bueno

Un ejemplo de entereza

Las elecciones de 1977 no fueron convocadas para conformar una Cámara constituyente, pero todos éramos conscientes de que antes o después las Cámaras elegidas libremente, tras casi medio siglo de dictadura, habrían de elaborar una Carta Magna que rigiera la convivencia democrática de los españoles.

Los primeros pasos en la redacción de la nueva Constitución no fueron esperanzadores. La mitad de la Cámara ejercía su mayoría para aprobar un artículo tras otro, ignorando por completo las aspiraciones de la otra mitad de la Cámara. Se reproducía así el mecanismo por el que durante dos siglos la mayoría conservadora o la progresista dictaba una Constitución para sus partidarios, desdeñando a los otros, haciendo una Constitución para media España, que sería más tarde sustituida por otra Constitución para la otra mitad del país.

Fernando Abril Martorell entendió antes que nadie que teníamos ante nosotros una oportunidad única: elaborar una Constitución para todos. El día 17 de mayo de 1978, Fernando escribió una página larga de la historia futura de España. Invocó el consenso constitucional, garantía de la etapa democrática actual de España, la más larga de los últimos siglos.

En el año recién comenzado se cumplen 20 de la aprobación de la Constitución democrática de 1978. Sabiendo que Fernando Abril padecía una grave enfermedad tenía mis esperanzas puestas en la celebración de esa efemérides para que la sociedad española rindiese a Fernando Abril el homenaje que su visión política merece. No ha podido ser. La pasada semana animaba yo a Fernando a participar en los actos de celebración del vigésimo aniversario de la Constitución. Le anuncié que varias universidades, en sus cursos de verano, preparaban ciclos de conferencias, mesas redondas y otros actos, y que le reclamaban. Con voz serena, que resultó dramática, contestó que el verano estaba ya demasiado lejos para él.

Al conocer su muerte he evocado nuestros 20 años de amistad. Y me doy cuenta de que uno de los mejores amigos de mi vida ha sido mi adversario político. Y ello me admira, al pensar en la desgarradora historia de mi país. Tal vez ni en política encontramos razones para la confrontación.

Fernando Abril es ejemplo y lección. Las etiquetas no nos enseñan nada de los hombres, sólo sus conductas nos dicen de su grandeza o mezquindad. Fernando ha sido un ser excepcional, y si algunos consideran hiperbólica esta forma de adjetivar, motivada por un momento de congoja, de dolor, les emplazo a esperar el veredicto de la historia, de los hombres que han de analizar, sin adherencias partidarias, este último cuarto de siglo español.

El humanismo de Fernando, su sentido del humor, su ironía creadora, su bondad, el arte de distinguir lo accesorio de lo principal, deja abatidos a muchos amigos verdaderos.

Su esposa, Marisa, sus hijos y sus nietos, la familia que adoraba, sentirán que nadie le puede sustituir en su dolor, nadie puede dolerse por ellos. Es verdad. Sepan, al menos, que somos tantos los que les acompañamos en estos angustiosos momentos en que sabemos que Fernando ya no está. Su recuerdo, grato, amoroso, lúcido, nos acompañará.

Gracias, Fernando.

Alfonso Guerra analiza las circunstancias de los últimos cuatro años de gobierno,

ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ 20 JUN 1986

Una mayoría y un Gobierno progresistas han podido cumplir, por primera vez en la historia de España, una legislatura con normalidad y en plena estabilidad política. El autor de este artículo analiza las circunstancias de los últimos cuatro años de gobierno y concluye, entre otras cosas, que el fenómeno más positivo y de mayor alcance quizá sea la emergencia y la creciente solidez de una nueva mayoría social, en la que se han ido articulando sectores, inicialmente muy diversos, en torno a los valores y objetivos propios de una cultura cívica avanzada.

Que España haya avanzado mucho o poco en los últimos años, durante la mayoría socialista, es debate a menudo infructuoso, cuando las afirmaciones derivan por entero de los intereses o de la sensibilidad de cada cual. El grado de cambio puede, sin embargo, reconocerse con mayor facilidad si nos atenemos a los hechos, pues nadie podrá entonces honestamente negar que se han producido unos cuantos no imaginables sin que desde el poder público se hayan operado, al mismo tiempo, transformaciones, riada superficiales, y sí muy profundas, en nuestro Estado y en nuestra sociedad.Es el caso, por ejemplo, de la incorporación de España a las Comunidades Europeas o de la plena realización de los procesos autonómicos. ¿Puede caber alguna duda de que la integración europea de España o el asentamiento del Estado sobre principios -radicalmente distintos a los vigentes durante siglos- en cuanto a la distribución territorial del poder no son fenómenos que puedan explicarse por sí solos, sino que, por el contrario, han sido posibles mediante un amplísimo conjunto de decisiones del que, prácticamente, no hay aspecto de nuestras relaciones políticas o sociales que no haya sido afectado?

Es el caso, también, del hecho mismo que, por primera vez en nuestra historia, una mayoría y un Gobierno progresistas hayan podido cumplir una legislatura con normalidad y en plena estabilidad política. No se trata, en efecto, de un hecho intrascendente, pues fácilmente podrá recordarse que la mayor duda de muchos españoles a finales de 1982 lo era sobre la capacidad de los socialistas para gobernar, en el sentido más amplio del término, y para hacerse, de modo estable, con resortes esenciales del poder público.

La duda no era ociosa. Hasta entonces, en la tradición política española el poder público siempre tendió a degenerar en un fin en sí mismo, en algo cuyo ejercicio venía a ser su único título de legitimidad. A partir de entonces, lo que se iniciaba era una utilización instrumental y mediadora del poder, esto es, su consideración de instrumento para llevar a cabo una transformación del Estado y de la sociedad en España, o, si se prefiere, la regeneración del Estado para modernizar nuestra sociedad.

El contraste era evidente. Si nos hubiéramos limitado a administrar la herencia que recibíamos -tan adversa, desde todos los puntos de vista, a la política que se emprendía-, en lugar de modificarla muy sustancialmente y de adaptarla a nuestros propósitos, no se hubiera llegado a unas elecciones en las actuales condiciones, esto es, a un momento que posiblemente sea aquel en que los españoles, a lo largo de su historia, afrontan la decisión de su futuro con mayor tranquilidad o ausencia de temores. Y justo en este momento, la capacidad política de gobernar establemente conforme a nuevos criterios se convierte en el principal objeto de una intensa actividad de derribo, como sucede siempre que se señala el peligro de que esa función de Gobierno estable y reformador al mismo tiempo pueda quedar asegurada para España durante los próximos años.

Mejores perspectivas

Los hechos parecen avalar, en suma, la puesta en movimiento de un cambio profundo que, con todas las limitaciones o carencias que se quiera, permite, en todo caso, afirmar que las perspectivas de futuro para España son notablemente mejores y más abiertas en 1986 que en 1982.

El fenómeno más positivo y de mayor alcance de toda esa situación quizá sea que en la misma subyace la emergencia y la creciente solidez de una nueva mayoría social, en la que se han ido articulando sectores, inicialmente muy diversos, en torno a los valores y objetivos propios de una cultura cívica avanzada.

Esta nueva mayoría social, para su ascensión -legítima y necesaria en términos históricos-, ha optado, en efecto, por los cambios graduales, pero irreversibles, o lo que es lo mismo, por la efectividad de las vías legales y democráticas para el desplazamiento de los considerables obstáculos que encuentre a dicho proceso de ascensión histórica. Tales obstáculos, aun a riesgo de simplificar, pueden resumirse en un enquistamiento de oligarquías, que las hay de muy distinto linaje, y que se manifiestan no sólo en forma de intereses concretos y organizados -cuya expresión más relevante probablemente sean los corporativismos-, sino, de manera mucho más difusa y extensa, a través de comportamientos y mentalidades.

En esta situación, el formidable factor de innovación y modernización que supone para España la existencia de esa mayoría social comenzó a ser operativo en la medida que ha sido capaz de dotarse de una mayoría política identificada con sus aspiraciones. No es casual que una identificación similar, del mismo modo que ha sucedido o sucede en distintas fases de la historia reciente de otros pueblos europeos, se haya producido en el espacio del socialismo democrático, donde coinciden la concepción del Estado como instrumento para crear o fomentar las condiciones que hagan efectivas la libertad y la igualdad de los ciudadanos y un sentido del ritmo político progresista y adaptado a las realidades sociales existentes.

No está de más recordar, en un momento en que parece asistirse a una creciente valoración intelectual de los componentes utópicos de la acción política, que el pragmatismo o el sentido de la realidad no son ajenos, sino esenciales, a la utopía socialista. No es difícil comprobar que la mayor identificación con una política gradualista proviene, justamente, de sectores sociales cuya situación inicial de desventaja es mayor y que serían, por tanto, los más legitimados para la impaciencia.

Y es que, sin duda, no se desean más oportunidades perdidas en nuestra historia. España es un país con una larga experiencia en frustraciones colectivas. Nunca, sin embargo, como ahora nuestro pueblo ha tocado tan de cerca el objetivo secular de equiparación respecto al reducido conjunto de naciones que ocupan la vanguardia de la cultura y del progreso material. El mayor riesgo que amenaza al proceso de equiparación, una vez iniciado, es que se llegue a quebrar el instrumento político de que dispone la mayoría social que alienta ese objetivo histórico.

De ello son bien conscientes los adversarios de lo que la nueva mayoría social significa, a los que resulta vital debilitar la mayoría política o introducir en ella fisuras a través de las que puedan penetrar los intereses sectoriales que todavía anidan entre las ruinas del pasado. De ello también habrán de ser conscientes quienes, por el contrario, alimentan e impulsan el espíritu de modernidad, que es hoy el principal impulso y motivo de esperanza para la sociedad española. En su propia consideración de mayoría social ascendente será, en suma, esencial preservar su mayoría política.

Alfonso Guerra es vicesecretario general del PSOE.

Sobre el referéndum

Sobre el referéndum

ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ 12 ENE 1986

El debate de las últimas semanas sobre el referéndum que se va a celebrar próximamente en España ofrece buenos ejemplos de esa inclinación, tan frecuente en los políticos -y en quienes se mueven en su entorno-, a confundir su mundo con el mundo. Ésta es fuente de la que nacen casi siempre los más sonados errores de los dirigentes, que, sin embargo, aciertan con frecuencia cuando son capaces de escapar a la atracción que ejerce sobre ellos la atmósfera cerrada del invernáculo político.La primera confusión deriva de que casi nunca se establece con precisión de qué se está hablando. Las actitudes ante la celebración del referéndum aparecen confusamente mezcladas con toda clase de elementos subjetivos, que podrán ser más o menos legítimos o espurios, pero que poco o nada tienen que ver con lo que pretendidamente se debate: ¿es o no razonable que el pueblo español sea consultado a la hora de tomar una decisión como la de permanecer o salir de la Alianza Atlántica? El contestar a esta cuestión con un ojo puesto en las encuestas y otro en el calendario electoral podrá ser comprensible desde el punto de vista de la estrategia partidista a corto plazo, pero no parece que sea la forma más rigurosa de responder.

La confusión aumenta si se añade la que deriva del cruce entre actitudes ante el hecho de la consulta -el referéndum- y actitudes ante lo consultado -permanencia en la Alianza- Hay algún medio de comunicación que, después de haber publicado en los últimos años decenas de editoriales sobre el asunto (en todos los cuales se ha criticado acerbamente la pretendida ambigüedad del Gobierno), aún no nos ha dejado saber si está a favor, en contra o se abstiene. Lo mismo cabe decir de algunos líderes políticos, que adoptan la ventajosa filosofía: "Con barba, san Antón, y si no, la Purísima Concepción".

En todas las construcciones argumentales en contra de la celebración del referéndum parece faltar siempre una respuesta a los datos básicos del problema, a saber: a) que la Constitución ha establecido el mecanismo del referéndum consultivo precisamente para las "decisiones políticas de especial trascendencia"; b) que todavía nadie ha puesto en duda que la decisión de permanecer o abandonar la Alianza Atlántica reviste una especial trascendencia para Es1laña; c) que la decisión de someter este asunto a referéndum popular está tomada y anunciada por el Gobierno desde 1982, sin que jamás se haya cuestionado su cumplimiento (otra cosa es que algunos, confundiendo sus deseos con la realidad, se hayan creído su propia propaganda contraria al referéndum y ahora se sorprendan ante la confirmación de que se va a hacer lo que siempre se dijo que se haría), y d) que la inmensa mayoría de los españoles, al margen de su ubicación ideológica o de su opinión sobre la permanencia en la OTAN, desea ser consultada sobre esta cuestión.

El papel de España en el mundo

Con estos cuatro datos de la realidad debería ser suficiente para que un Gobierno responsable considerara necesario consultar a los ciudadanos. Pero hay más: España sale de un prolongado período de indefinición y vacilaciones en cuanto a su papel en el mundo. La ausencia de un marco de relaciones internacionales más allá de la retórica ha supuesto hasta ahora una permanente rémora para nuestro desenvolvimiento como nación. El referéndum es el mejor modo de resolver profundas escisiones, hasta ahora existentes en nuestra sociedad, sobre el papel, los intereses y la seguridad de España en el contexto internacional. Escisiones equivalentes, desde el punto de vista interno, quedaron resueltas en el proceso que culminó con la aprobación de la Constitución, con el establecimiento definitivo de un marco adecuado de convivencia entre españoles. No parece que tenga menor trascendencia obtener ahora el definitivo asentamiento internacional de España; esto es, completar las líneas, establecer las condiciones y defender los intereses de su posición en el mundo como nación democrática y occidental.

El referéndum permitirá, mejor que cualquier otro procedimiento, hacer de esta cuestión, hasta ahora conflictiva e incierta, una cuestión en el futuro pacífica y segura. Que la legitimidad de una decisión política está en función, antes que de su contenido, del procedimiento por el que tal decisión se adopta es algo que ya resulta un axioma para la filosofía política más actual. Este principio de la legitimidad por el procedimiento o, si se prefiere, de la aceptación de la decisión política en virtud de la forma en que se toma y en que recibe el apoyo popular es, en último término, lo que explica esa especial adecuación, prevista por nuestra Constitución, del referéndum para las cuestiones de especial trascendencia. Parece claro que la política de paz y seguridad que España ha de establecer se verá considerablemente fortalecida, incluso frente a nuestros interlocutores exteriores, por el hecho de haber sido directamente refrendada por el pueblo.

Paternalismo y soberanía popular

Se alude a veces a la especial naturaleza de tan delicada cuestión para justificar la inconveniencia de que sea sometida a consulta de los ciudadanos. Peligroso argumento. Tras él subyace una concepción de la democracia y de la soberanía popular que, con suavidad, debe calificarse al menos de paternalista. Desde la perspectiva de profundización de la democracia, el referéndum sobre la permanencia en la Alianza Atlántica adquiere, a mi juicio, un valor añadido: la demostración práctica de que en España no hay cuestiones que puedan sustraerse a la soberanía del pueblo y que, por el contrario, queda siempre abierta la posibilidad de que los ciudadanos intervengan en todas las materias que les afectan. Cuando la Constitución dice que "la soberanía reside en el pueblo" no establece a continuación un catálogo de excepciones. La consideración, que late debajo de ciertas posiciones, de que los temas relativos al marco de la seguridad de España o de su posición en el mundo han de ser coto privado de los profesionales de la política o de la defensa choca con los principios constitucionales y con una concepción integral de la democracia política, y ahí sí entramos ya en una auténtica cuestión de principios sobre la que sería bueno que se clarificaran las posturas.

El referéndum, asunto del Gobierno

Por otra parte, ¿qué se quiere decir cuando se afirma que el referéndum es un asunto del Gobierno? Naturalmente que lo es: el referéndum consultivo, previsto en el artículo 92 de la Constitución, ha de tener por objeto, necesariamente, una decisión política del Gobierno. El Gobierno es el órgano constitucional que ha de proponer y promover la consulta popular y es también el órgano que compromete una decisión suya mediante dicha consulta. Las cosas no pueden ser, en términos constitucionales y legales, de otra forma.

Lógicamente, las decisiones consultadas no pueden ser cualesquiera que el Gobierno desee, sino solamente aquellas que tengan especial trascendencia. Para garantizar esto último, precisamente, se establece que la celebración de la consulta y los términos en que se produce sean algo que ha de autorizar el Congreso de los Diputados. Ambos elementos -naturaleza especial de las decisiones objeto de consulta y autorización del Congreso- son los que determinan que tales decisiones se configuren como verdaderas cuestiones de Estado, respecto a las que pueden y deben comprometerse, en uno u otro sentido, todas las fuerzas políticas, y no sólo las que apoyan al Gobierno.

Un razonamiento contrario nos conduce al absurdo: puesto que lo que se ha de someter a consulta es una decisión del Gobierno, puesto que el presidente del Gobierno es quien tiene la iniciativa para promover la consulta, siempre será posible argüir que un referéndum es "un asunto del Gobierno" y descomprometerse así del "sino.

Semejante círculo vicioso sólo podría romperse mediante la exclusión de la posibilidad niÍsina del referéndum, es decir, creando una situación de reforma constitucional de hecho o de derecho. Y quien tal cosa pretenda debe decirlo así.

Lo que busca el Gobierno al consultar a los ciudadanos sobre su decisión de que España permanezca en la Alianza Atlántica en ciertas condiciones no es, desde luego, incrementar el apoyo popular a su política general. Entre otras cosas, porque, afortunadamente, no precisa este Gobierno para ello de semejantes medios. Nadie puede pensar seriamente que de lo que se trate sea de plebiscitar al Gobierno. Si ésa fuera la idea, a cualquiera se le pueden ocurrir muchos temas en los que este Gobierno podría buscar un plebiscito en condiciones de mayor comodidad.

Es precisamente la postura de boicoteo al referéndum por parte de ciertos partidos lo que determina un incremento de la responsabilidad y, por tanto, del protagonismo del Gobierno. Esa actitud sería, en todo caso, la que podría conducir a una situación plebiscitaria no buscada por el Gobierno, sino provocada por quienes se niegan a hacer frente a su responsabilidad ante el electorado.

Los enemigos de la consulta a los ciudadanos

El oportunismo latente en la postura de quien dice propugnar el boicoteo, su endeble base teórica, se evidencia en cualquier caso recordando las posiciones defendidas por AP al debatirse en las Cortes lo que hoy es el artículo 92 de la Constitución. Tronaba entonces el señor Fraga Iribarne en defensa de la democracia directa con palabras como éstas: "Partidario como soy de la democracia representativa, y respaldando como respaldo la inclusión de los partidos políticos en el título preliminar de la Constitución, es una compensación necesaria, de raíz profundamente populista y de raíz profundamente democrática, el que haya determinadas atribuciones otorgadas al pueblo como tal a través de las instituciones de la y a indicada iniciativa legislativa popular y del referéndum en un sentido amplio". Se quejaba amargamente el propio señor Fraga cuando, por una enmienda (justamente del partido comunista), el referéndum pasó de ser decisorio a considerarse consultivo, y citaba ejemplos:

"La entrada en las Comunidades Europeas o la eventual retirada de las mismas, o tal vez el tema tan polémico como la entrada en una organización internacional de defensa, pudieran y debieran ser sometidas a referéndum". Y concluía su alegato -mediante el que, no sin cierta coherencia ideológica personal, pretendía combatir lo que él llamaba "los riesgos de la partitocracia"- con una enérgica afirmación de identidad política: "Pertenezco a un partido populista que no acepta el desprecio a la plebe que implica el desprecio de los plebiscitos" (Diario de Sesiones, 6 de junio y 13 de julio de 1978).

En todo caso, y teniendo en cuenta que, aun después de haberse hecho pública la intención de los señores Fraga Iribarne, Alzaga y Segurado de boicotear el referéndum, casi el 70% de la población se manifiesta a favor de que éste se celebre, cabe dudar de la rentabilidad electoral de una actitud que más parece una trampa de elefantes que alguien le ha tendido a alguien, y no precisamente al Gobierno.

El referéndum, pues, es conveniente para España porque otorga una especial legitimidad a la política de paz y seguridad. Es democrático porque hace a los ciudadanos responsables y les permite intervenir en una materia que afecta a todos. Es respetuoso con la voluntad de los españoles, que desean en su gran mayoría ser consultados sobre esta cuestión. Es constitucional porque se ajusta estrictamente a lo previsto en el artículo 92 de nuestro texto básico; y es coherente con el compromiso electoral de los socialistas, reiterado en el programa de investidura del presidente del Gobierno y mantenido hasta hoy.

Además, no hemos de tener miedo a la expresión de la voluntad popular: ¿qué hace pensar a algunos que los españoles, que desde el final de la dictadura han sabido acertar en el rumbo más conveniente para sus destinos, van en esta ocasión a ir contra sus propios intereses? ¿Dónde están las reiteradas alusiones a "la demostrada madurez del pueblo español"? Más discutible sería la madurez de algunos políticos, que, estando convencidos de la conveniencia de una decisión, orillan el interés nacional en función de un muy dudoso ejercicio de quiromancia electoral cuyo principal defecto es que empieza por no convencer a aquellos a quienes se dirige. Como no podía ser menos tratándose de un guiso procedente de las cocinas democristianas.

No hay mejor forma, por tanto, de explicar el alcance y el contenido del referéndum que con el texto de la Constitución en la mano. Se trata, en efecto, de someter a referéndum consultivo de todos los ciudadanos una decisión política de especial trascendencia. Tiene que haber, pues, una decisión política, y tal decisión ha de tomarla el Gobierno. No se consulta a los ciudadanos sobre la paz y la guerra (sólo habría un resultado: ciento por ciento a favor de la paz), ni sobre la situación geoestratégica del mundo, ni siquiera sobre los bloques militares; hasta sería un error pensar que se trata de opinar sobre la OTAN como tal. No son ésas cuestiones que se solventen mediante un referéndum. Se trata de determinar si una decisión concreta del Gobierno es o no considerada conveniente, en un momento histórico determinado, por los ciudadanos.

En este caso, la decisión se refiere a la permanencia de España en la Alianza Atlántica con ciertas condiciones. Tiene, sin duda, especial trascendencia y, aceptando esa valoración (que nadie ha discutido hasta ahora), ha de aceptarse que el Gobierno pueda y deba someterla a consulta de los ciudadanos. No es razonable decir que el referéndum tenía sentido si era para salir (es decir, en el supuesto de que la voluntad del Gobierno hubiera sido abandonar la Alianza), pero no lo tiene si es para permanecer. Eso puede afectar a la opinión que merezca la postura del Gobierno o incluso al sentido del voto, pero no al hecho mismo de la consulta, que se justifica por la importancia de la cuestión.

El referéndum, en consecuencia, no es que pueda ser más o menos claro; es que la propia Constitución lo hace claro. El Gobierno, adoptada una decisión política sobre la permanencia en la Alianza Atlántica, la considera de especial trascendencia y pide autorización al Congreso de los Diputados para someterla a referéndum. A los ciudadanos corresponde decir sí o no a esa decisión. ¿Qué ocurre después? Si la mayoría ha dicho sí, lógicamente el Gobierno lleva adelante su decisión. Si, por el contrario, la mayoría de los votantes considera que la decisión del Gobierno no es la más adecuada para los intereses nacionales, éste, por lógica democrática, no debe aplicar tal decisión.

En esta situación cabe ya predecir que en el futuro los libros de historia recogerán el año 1986 como aquel en que los españoles, además de incorporarse a las instituciones de la Europa democrática superando un aislamiento de siglos al que les habían condenado, entre otros, los malos gobernantes, pudieron determinar su papel en el mundo y su participación en un sistema de seguridad colectiva por el procedimiento más democrático que se conoce: el sufragio universal. Y parece que no serán precisamente los que hoy, por mezquindad o por miopía, regatean su contribución al interés de todos quienes ocupen el mejor lugar en esa historia. es vicepresidente del Gobierno.

Una oportunidad histórica

Una oportunidad histórica

ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ 8 FEB 1979

Secretario de Organización del PSOE

Hoy se inicia la campaña electoral para elegir nuevos representantes en las cámaras legislativas.

Desde hace dos años, los socialistas venimos insistiendo en la necesidad de convocar unas elecciones generales al final del proceso constituyente. Por muchas razones que se quieran dar ahora, la verdad es que todos -salvo los socialistas- se oponían a estas elecciones.

Algunos, aquellos a los que menos satisfacen las consultas populares, alegan que el pueblo está ya cansado de votar. Afirmación paradójica si atendemos a los años de forzado ayuno electoral de nuestro pueblo.

Para mí que el pueblo español posee una capacidad electoral muy considerable, porque unas elecciones, para un partido socialista, significan mucho más que una mera llamada a acudir al colegio electoral. Es un eslabón más de la tarea de aproximación al pueblo, de invitación a la participación popular en la cosa pública. Y el pueblo quiere participar.

MÁS INFORMACIÓN

La importancia del voto comunista

La derecha política creyó que la transición podría hacerse sin necesidad de descabalgar a las figuras de la dictadura. En su opinión, bastaba una remodelación exterior de la imagen del poder para suplantar el desmontaje del aparato burocrático-político de la dictadura. A esta operación se lanzaron Suárez y Fraga, pero sin acuerdo previo: más bien con la hostilidad derivada de las humillaciones pasadas.

La conclusión, al paso del tiempo, se ofrece con claridad. Los inventores del centro han fracasado en su intento de calmar las ansias de cambio de la población. Después de muchos años de espera, de resignación ante los problemas, los trabajadores, los funcionarios, los campesinos, los pequeños propietarios y comerciantes han soportado con estoicidad y responsabilidad una etapa transitoria en la que la necesidad de sedimentar las formas democráticas exigían el sacrificio de aplazar ciertas mejoras directas, inmediatas, de urgencia y necesidad. Y ello lo hacían a trueque de unos cambios estructurales que garantizaran a medio plazo una situación más justa a través de un proceso de democratización del país. Sin embargo, nada de esto ha sido propiciado por el Gobierno de UCD.

Por el contrario, la nación ha comprobado con horror que algunos problemas seculares de nuestra realidad permanecían intactos y que otros se agravaban con la gestión del Gabinete del señor Suárez.

Los dos problemas más graves que atentan contra la vida de la colectividad, el paro y el terrorismo, tienen su expresión más significada en el Sur -hambre en Andalucía- y en el Norte -golpeteo de balas en Euskadi.

Para más de un millón de españoles, el derecho al trabajo, reconocido en la Constitución, no existe. Sólo en 1978 el número de parados se ha incrementado en 250.000. Veinte mil parados más por cada mes de Gobierno UCD.

La incapacidad del equipo (?) gubernamental para dar solución a los conflictos que plantea un preocupante deterioro de la seguridad ciudadana, con la extensión del terrorismo y la generalización de la delincuencia, muestran una vez más lo que la historia siempre ilustra. Un partido no se inventa, no se improvisa. Aún menos se puede fabricar con desechos de la situación anterior. La experiencia de renovar la fachada de la dictadura con detalles formales de peluquería y vestuario de los líderes que no se forjaron en la democracia, sino contra ella, tenía naturalmente que ofrecer la cara del fracaso. Ahora el pueblo la tiene delante y puede aprovechar la fecha del 1.º de marzo para tomar sus precauciones, no insistiendo en fórmulas agotadas.

El pueblo español quiere cambiar la vida, quiere un nuevo proyecto de vida que se cimente sobre los valores superiores de libertad, justicia e igualdad. Y esto es posible.

Bastará con terminar la labor comenzada en junio de 1977. Entonces, a sólo tres meses de la legalización del Partido Socialista, éste obtuvo el apoyo de más de cinco millones de ciudadanos. Durante casi dos años, los socialistas han realizado un trabajo encaminado a sumar a su proyecto de vida a más amplios sectores de población.

,Contra esta posibilidad, los profesionales del miedo zarandean el rechazo de algunos sectores ante la alternativa de un Gobierno dirigido por los socialistas. Argumentación insostenible ante las cifras que proporcionan los últimos sondeos: más de un 75% de españoles expresan una recepción favorable ante la posibilidad de gestión socialista de Gobierno.

Es cierto que las encuestas arrojan datos favorables al PSOE sobre el resto de las fuerzas políticas. Posiblemente estemos ante una ocasión inmejorable para que el pueblo confíe al Partido Socialista la Administración del Estado, en una situación política y económica que exige una voluntad de cambio capaz de conectar con la aspiración popular.

Combatir el paro, democratizar la Administración pública, terminar con el fenómeno terrorista, controlar el alza de los precios, atender a los sectores sociales más abandonados (jóvenes, ancianos, mujeres, población rural, marginados sociales), potenciar una eficaz política sanitaria, concretar y desarrollar el proceso autonómico, proporcionar sistemas de promoción cultural, garantizar viviendas suficientes y dignas, facilitar el retorno de los emigrantes, conseguir una enseñanza eficiente y gratuita para todos, reformar la estructura agraria, eliminar el caciquismo, poner al servicio de la colectividad los medios de comunicación social, en especial la televisión, son algunas de las tareas que está exigiendo ya, sin demora, el pueblo español y que, a su vez, exige un Gobierno capacitado técnicamente, con un programa eficaz y con voluntad de transformación de la realidad socioeconómica para conseguir la justicia y la igualdad.

A este desafío histórico, el PSOE acude con un siglo de práctica política presidida por la honradez y la firmeza, y con un cuadro de hombres y mujeres, líderes y militantes, al servicio de nuestro castigado país, conscientes de que asumir en estos momentos una tarea de Gobierno representa una seria responsabilidad.

Navarra

Navarra

FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ 8 SEP 2007

Archivado en: Navarra Relaciones Gobierno central Opinión Gobierno autonómico Comunidades autónomas Administración autonómica Política autonómica Gobierno España Administración Estado Política Administración pública

Siguen, aunque mitigadas, las reacciones al enredo navarro como consecuencia del resultado electoral. Viví los prolegómenos y participé en la campaña. Mi impresión no ha cambiado desde aquellos momentos. Fernando Puras me parecía un buen candidato y, seguramente, hubiera sido mejor presidente del Gobierno foral, pero los resultados no lo acompañaron ni a él ni al partido.

Me preocupaba y me preocupa la algarabía de los dirigentes del PP y de los de su marca navarra, porque ellos sí utilizaron el tema de la Comunidad como moneda de cambio. Me pareció y me parece inteligente la posición de la plataforma nacionalista, aunque no comparta sus afirmaciones. Estaba identificado con el mensaje de fondo de la candidatura socialista y no lo estuve con la gestión de los resultados.

Estos resultados no me extrañaron. Hace falta tiempo y tenacidad para abrir un espacio de convivencia en la especificad de Navarra como espacio público que comparten ciudadanos con distintas ideas -lo normal- y con distintos sentimientos de pertenencia, lo que resulta más difícil de gobernar. Sobre todo cuando se agitan fantasmas de traiciones identitarias y se fundamentan las políticas de los líderes en propuestas de exclusión de los otros, de los que sienten su pertenencia de otra manera.

El socialismo democrático navarro, aún con las hipotecas del pasado reciente, hacía la única propuesta integradora de la diversidad de sentimientos de pertenencia, desde una plataforma progresista, inclinada a la izquierda. Pero estaba y está sometido al choque de trenes de nacionalismos enfrentados que dividen a la comunidad más por razones identitarias que por las propuestas de ideas incluyentes de la diversidad. Abrir un espacio con vocación mayoritaria cuesta mucho, pero es imprescindible para los navarros, primero, y para nosotros como socialistas, después.

En política lo evidente es lo que más cuesta ver. Por eso pasaba extrañamente desapercibido que el eslogan de campaña de Unión del Pueblo Navarro ("Sí a Navarra") fuera idéntico al nombre mismo de la plataforma de los nacionalistas (Nafarroa Bai). Así, dos formaciones antagónicas enfrentaban a dos partes de la comunidad navarra, afirmando que la identidad de la misma era la que ellos representaban con exclusión implícita o explícita de la otra. Al grito de Sí a Navarra frente a Navarra sí, unos y otros achicaban el espacio de las ideas y agrandaban el de los sentimientos enfrentados. En medio, los socialistas afirmando que Navarra es el espacio compartido de todos los navarros y que son las propuestas programáticas y la voluntad incluyente de convivencia las que deben ofrecer las soluciones.

Tal como yo lo veo, seguimos viviendo un mundo de falsedades sin aclarar. Los de Nafarroa Bai, los más inteligentes en la forma, ocultan que su plataforma no es de izquierdas, sino de concentración nacionalista, que no es ni puede ser lo mismo. La argamasa puede ser una propuesta para desalojar del poder a los navarristas de la marca del PP, si no tienen, como así ocurrió, la mayoría, pero no la ficción de alternativas de derecha o de izquierda.

Los de UPN, como los que renunciaron a la dependencia de los violentos en la plataforma de NaBai, sabían y saben, en contra de las tonterías que se han dicho, que los mayores opositores a un gobierno alternativo eran los terroristas y los que dependen de ellos. Es evidente pero se oculta.

Para ETA y Batasuna, que un grupo escindido de ellos por rechazar la violencia llegue a gobernar en Navarra era la peor noticia. Los del PP también lo saben, aunque afirmen exactamente lo contrario por intereses espurios de conservación del poder.

En una situación de esta naturaleza, con los resultados habidos, los compañeros socialistas deberían haber dejado el protagonismo de la difícil formación del gobierno a la primera fuerza política. Tras su fracaso, casi inevitable por la propia normativa estatutaria, deberían haber esperado a los segundos en votos. Sólo cuando no hubiera solución de gobernabilidad deberían haber optado por una oferta que la facilitara desde sus propuestas programáticas o haber reconocido que no se daban las condiciones de formar un gobierno y había que volver a las urnas.

Personalmente, tal vez por la deformación de mi vocación mayoritaria, yo me hubiera inclinado por esta última opción, con todas sus consecuencias. Por eso me entristece pensar que parte de mis compañeros se sientan frustrados por haber pretendido el desalojo de los que tenían la primera minoría sobre cualquier otra consideración. Es casi lo mismo que pensaban los asociados al PP en sentido contrario.

No tengo la menor idea de cómo se produjeron las conversaciones entre la dirección federal de los socialistas y los compañeros de Navarra a partir del día electoral, pero comprendo la posición de la Ejecutiva, más allá de razones estatutarias. Si me hubiera tocado decidir, hubiera hecho algo semejante, con la salvedad de que no conozco las razones de la dirección más allá de lo hecho público en medio del ruido de las interpretaciones, y las mías, en forma de opinión sin interferir en lo ya pasado, son las que expongo aquí.

Siento que Fernando Puras haya dimitido. No beneficia al socialismo navarro. Siento que algunos de mis compañeros cuestionen por lo ocurrido a la dirección navarra y crean que en cada territorio hay que decidir todo lo concerniente al mismo, sin tener en cuenta que compartimos un espacio mayor como ciudadanos y que para nosotros, como socialistas, la cohesión en ese espacio compartido es clave para comprender que queremos convivir incluyendo y no excluyendo a los que tienen sentimientos de pertenencia diversos. Eso es lo que nos diferencia de las pulsiones nacionalistas de cualquier signo. En Navarra y en otros lugares. Puede y debe haber ideas socialistas en todos los sentimientos de pertenencia. Es nuestra argamasa en la diversidad.

Si perdiéramos eso, nuestra situación en Navarra y en otros lares no sería mejor sino peor, en todos los sentidos. Seríamos más débiles, en cada lugar y en el conjunto, sin poder ser diferentes si queremos seguir ofreciendo ese camino que es el socialismo democrático.

Felipe González es ex presidente del Gobierno español

Una respuesta a la crisis

Una respuesta a la crisis

La habilidad neoconservadora, la de los actores financieros, la de las agencias de calificación consiste en hacernos olvidar las correcciones de fondo que necesita el modelo de economía financiera sin regulación y llena de humo que nos llevó a esta catástrofe

FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ 25 ENE 2012 - 11:18 CET56

Cuarto año de crisis y la perspectiva nos lleva a pensar en la famosa década perdida de América Latina en los años ochenta del pasado siglo. A estas alturas se tiende a olvidar que el origen estuvo en la implosión de un sistema financiero desregulado, lleno de ingeniería financiera cargada de humo, sin relación con la economía productiva. Esto arrastró a la economía real a una recesión mundial, especialmente grave en los países centrales, como epicentro de este disparatado sistema.

Hoy se enfrenta la situación de la deuda soberana derivada de la crisis financiera, como un problema de solvencia, que no existe, aunque lo más grave sea la falta de liquidez y de crecimiento económico generador de empleo. Error de estrategia, en particular en la zona euro, que puede contraer dramáticamente la economía y agravar la crisis de la deuda, además de hacernos olvidar las causas originarias y por tanto, no actuar sobre ellas. Este enfoque está cuestionando la cohesión social que ha definido la época de reconstrucción y desarrollo de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Toda una gran paradoja: el modelo triunfante del neoconservadurismo desregulador que se inicia en los ochenta del siglo XX, domina la escena de la globalización hasta el estallido de 2008 y, como respuesta, la misma corriente ideológica, mayoritaria hoy en Europa, se olvida de las causas de la crisis y centra la estrategia en las consecuencias de la misma. Las fuerzas representativas del centro izquierda progresista se sienten arrinconadas y a la defensiva en la Unión Europea y acosadas por la presión de la derecha más extrema en Estados Unidos.

Al tiempo, crece el nacionalismo antieuropeísta, el virus destructor de Europa a lo largo del siglo XX. De nuevo la paradoja: las propuestas de gobernanza económica europea, imprescindible para que funcione la Unión Monetaria, por su erróneo enfoque, aceleran las pulsiones nacionalistas en todos los rincones de Europa. Una mezcla explosiva que introduce más confusión en la ciudadanía, que ve a sus gobiernos inermes ante la hegemonía de los “mercados”.

En estas circunstancias necesitamos, más que nunca, una propuesta socialdemócrata y europeísta, desde un pensamiento renovado, capaz de comprender las implicaciones del cambio civilizatorio que vivimos a nivel global. No puede ser meramente defensiva de lo conseguido hasta ahora en ese modelo que Lula definía como “patrimonio democrático de la humanidad”, para no caer en la denuncia sin alternativa del pensamiento neoconservador que nos llevó a la crisis.

Europa no tiene otro camino en la globalización que más Europa, más soberanía compartida para avanzar en la gobernanza económica de la Unión y en su proyección relevante hacia el exterior. Este impulso debería excluir de nuestra agenda las tentaciones nacionalistas y proteccionistas que persiguen réditos políticos a corto plazo. Pero este impulso hacia una mayor integración europea no puede formularse desde una estrategia equivocada como la que domina la realidad actual, provocando desesperanza ciudadana ante la contracción de la economía, el aumento del paro, la liquidación de las redes de cohesión y solidaridad. Se piden sacrificios reales y se ofrecen esperanzas inciertas.

Es la oportunidad para una opción renovada socialdemócrata y europeísta. Necesitamos ajustar nuestras cuentas públicas, controlar los deficits excesivos y la deuda en aumento. Pero no necesitamos una terapia brutal que olvide la necesidad de crecer y generar empleo. Tenemos un problema de deuda pero no de solvencia. Necesitamos liquidez para que llegue el crédito a la economía productiva y haya crecimiento y empleo. Podemos y debemos activar el Banco y el Fondo Europeo de Inversiones y convocar a los que quieran participar con sus excedentes de ahorro –como China y otros emergentes– en un gran fondo para invertir en infraestructuras energéticas, de redes, de autopistas del mar…, que impulsen la modernización y el crecimiento generador de empleo en Europa.

Pero no debemos olvidar el origen de la crisis. La habilidad neoconservadora, la de los actores financieros, la de las agencias de calificación consiste en hacernos olvidar las correcciones de fondo que necesita el modelo de economía financiera sin regulación y llena de humo que nos llevó a esta catástrofe. Los gobiernos están condicionados obsesivamente por las “primas de riesgo”, las valoraciones de las agencias –sin legitimidad alguna, ni de origen ni de ejercicio–, enterrados en una especie de lucha de supervivencia día a día, que les distrae de las causas de fondo que provocaron la situación actual. Ni siquiera se consigue el consenso mínimo para imponer una tasa a las transacciones financieras. La resistencia no se produce por los efectos recaudatorios de esa tasa, sino por los efectos regulatorios que permitirían controlar los movimientos especulativos de corto plazo que afectan dramáticamente al valor de las empresas y perturban el funcionamiento de la economía real.

Además la izquierda tiene que proponer, sin miedo, las reformas estructurales necesarias para avanzar hacia una economía altamente competitiva, que premie la productividad por hora de trabajo, la excelencia en el producto final, la innovación y el espíritu emprendedor. Un modelo sostenible económica y medioambientalmente, para competir en una economía globalizada que nos está marginando. Solo así podremos añadir el valor suficiente para defender –a la ofensiva– la cohesión social que nos identifica, mejorando un sistema sanitario público, una educación y una formación profesional de calidad, que nos permitan llegar a todos, igualar oportunidades y competir con ventaja.

Si queremos que haya una alternativa de izquierda mayoritaria, que incluya al centro del espectro social y político, a los jóvenes y a los mayores, tenemos que utilizar nuestros valores para aplicarlos a la nueva realidad. Nosotros, socialistas españoles, lo hicimos en los ochenta, antes de que otros hablaran de “terceras vías” para la socialdemocracia. La sociedad nos entendió y nos apoyó. Una vez más tengo que recordar que la izquierda no puede cometer el error de confundir los instrumentos con los fines, ni la ideología con el ropaje vacío de ideas con que se encubren algunos. Y, en cada época histórica, hay que saber renovar las ideas y los instrumentos para ser fieles a los valores de solidaridad y libertad que nos impulsan.

La política económica de Leopoldo Calvo Sotelo

La política económica de Leopoldo Calvo Sotelo

RAMON TAMAMES 28 FEB 1981

La historia es bien reciente. Aún resuena en los oídos, y permanece en sus luces y sombras en la retina.

La dimisión de Suárez, el 29 de enero de 1981, dio paso al procedimiento de la investidura de un nuevo presidente.

El candidato nominado por UCD resultó finalmente el propuesto por el Rey al Congreso de los Diputados, y tras el episodio del asalto a las Cortes, Leopoldo Calvo Sotelo fue elegido en segunda votación.

Lo más brevemente posible, vamos a tratar de hacer un análisis de la política económica planteada por el nuevo presidente del Gobierno

1. Máximo énfasis en la opción nuclear, en el contexto de un «PEN actualizado», en el que seguramente se incluirán nuevas centrales nucleares, más allá de los once grupos actualmente en construcción (por un total de 11.465 megavatios) y de los otros tres que en estos momentos se encuentran en la fase de la licencia previa (3.000 megavatios). La influencia de UNESA -acreditada ya en la elaboración y discusión del PEN, y renovada en el tratamiento fiscal y financiero privilegiado para los valores bursátiles eléctricos- seguramente alcanzará nuevas cotas.

No es extraño, pues, que Calvo Sotelo mostrase, en su. parca intervención en el debate de investidura, el silencio más despreciativo para la energía solar; como que tampoco aludiese a las posibilidades de ahorro energético. La única novedad aparente en este área de problemas es la promesa (pendiente desde los pactos de la Moncloa) de la constitución de un Instituto Nacional de Hidrocarburos. Pero una idea así puede convertirse en la típica operación cosmética; al amparo del inevitable «condicionamiento del Mercado Común europeo». Se crearía una sola empresa estatal, y luego, «para no establecer discriminaciones en contra de los intereses de la, empresa privada.», entrarían en España las grandes corporaciones multinacionales del petróleo (las «siete hermanas»: la Exxon, la Shell, la Mobil, etcétera). Tal vez surja a la postre. la aparente paradoja histórica de que si un Calvo Sotelo (don José, en 1927) creó Campsa para evitar el monopolio extranjero, otro Calvo Sotelo, don Leopoldo, podría reabrir el mercado español a esos mismos intereses foráneos 55 años después.

2. Promesa de una mayor aportación del Estado a la financiación de la Seguridad Social, sin especificar con qué clase de Presupuestos Generales del Estado. Desde luego, según todas las apariencias, más regresivos de lo que pudimos imaginar en los tiempos -1977- en que se comenzaba la reforma fiscal. Pero aparte de cómo se financiará esa recrecida aportación estatal -tema básico-, también ha de tenerse en cuenta la Qbservación complementaria del señor Calvo Sotelo, de que se procederá a una disminución de los tipos, a compensar con el incremento de las bases de cotización. Lo cual puede tener un grave impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas, precisamente las máximas creadoras de empleo y las que de manera más acusada padecen ahora la Seguridad Social.

3. La invitación a abrir un diálogo con los sindicatos, pero sin ningún compromiso claro de negociación. Las ofertas previas no pasan de ser un mero recuento de cuestiones, ya más o menos en marcha, o que, en otros casos, son poco prometedoras: formación profesional, empleo juvenil, movilidad interprofesional y geográfica, disminución de la edad de jubilación y asistencia al parado. En realidad, tales esas medidas estarían en la misma línea del programa de la CEOE, con la intención de facilitar el tránsito al despido libre.

4. Planteamientos de moderación salarial. El señor Calvo Sotelo, en su discurso de candidato, lo dijo con claridad meridiana: hay que frenar la inflación y reconstruir los beneficios de las empresas. O, aún más nítidamente, UCD tratará de acelerar el proceso, iniciado hace tres años, asegurándose de que los aumentos de productividad vayan por delante de los salarios reales.

Colateralmente habrá de recordarse que los estímulos a la inversión, que de forma tan pródiga se vienen facilitando, se traducen en buena medida en sustituciones de brazos por máquinas y de cerebros humanos por electrónica. Con ese tipo de inversión no se crea más empleo, sino más paro.

En definitiva, la derechización de UCD se refleja en su propio esquema, bien simple, de salida de la crisis: forzar los excedentes, aunque sea con más paro, y frenar la inflación conteniendo el precio del factor trabajo, pero sin para nada ocuparse de detener las alzas del dinero (encarecido en favor de la banca y de las grandes cuentas corrientes para la reciente liberalización del sistema financiero). Como tampoco puede encontrarse,en la programática del señor Calvo Sotelo ninguna referencia al precio del suelo, que sigue siendo objeto de máxima especulación no obstante lo previsto en el artículo 47 de la Constitución.

5. Las promesas de reconversión industrial están haciéndose desde 1975. Y ahora se reiteran, una vez más, sin concreciones innovadoras para los sectores más afectados (siderurgia, construcción naval, textil),Lo que sí se evidencia es la previsión del futuro otorgamiento -también en línea con las previas propuestas de la CEOE- de mayores facilidades para qué las empresas puedan desprenderse de sus trabajadores a través de los expedientes de regulación de empleo; otro eufemismo para el despido muchas veces masivo.

6. En los dos sectores actualmente en situación más crítica en la economía española, la agricultura y la pesca, las promesas de Calvo Sotelo fueron decepcionantes. Por un lado, adaptación de la reglamentación agraria hispana a los reglamentos agrícolas de las Comunidades Europeas. Sin embargo, no critico la reforma comunitaria de la agricultura, destinada en buena parte a frenar el potencial español. En cuanto a la pesca, el ahora nuevo presidente se limitó a dar por buenos los tratados que a duras penas se van consiguiendo.

La planificación de don Laureano

7. Hubo entre las previsiones de la nueva política económica. una considerable referencia a la planificación del sector público. Pero planteada de tal forma, que no parece vaya a ser otra cosa que un simple programa de inversiones públicas (el PIP), al estilo de los que «tan laboriosamente» hizo don Laureano López Rodó entre 1964 y 1973. Sin más consecuencias, por consiguiente, que racionalizar el apoyo desde el Estado al capital monopolista, a través de la presentación de compromisos públicos que no se fijarían en función de los intereses mayoritarios de la economía y de la población activa española, sino atendiendo a lo que marquen los grandes grupos de presión, se llamen UNESA, UNESID, ANFAC, CBS, o empresas transnacionales.

En síntesis, la política planteada por Calvo Sotelo es coherente con lo que representa su figura en el mundo financiero español, cada vez más dependiente del capitalismo transnacional. Lo regresivo de esa política se materializa en los puntos ya comentados. Pero igualmente se acusa en la propuesta de disminuir el gasto público (en 30.000 millones de pesetas); en la renuncia manifiesta a no dar ni un paso más en tres impuestos importantes previstos en la reforma fiscal (sucesiones y donaciones, patrimonio neto y TVA), y en la negativa a asumir la reforma de la empresa pública para convertirla en una palanca de salida de la crisis.

Modelos extranjeros

Como no podía ser menos, en el debate parlamentario de investidura hubo comparaciones internacionales en cuanto a antecedentes y a posibles consecuencias ya visibles de políticas liberales co m o la adoptada por Calvo Sotelo (que son en realidad las más conservadoras de las diseñables). Los modelos más comparables están ahí. El de la señora Thatcher, con sus resultados de 2,4 millones de parados, que seguramente llegará a tres millones antes de finales de 1981, alcanzándose entonces la cota del 12,5% del desempleo, la máxima en el Reino Unido desde los tétricos años de la gran depresión.

En cuanto al «liberalismo económico» de allende el Atlántico -« más al dia», subrayó el señor Calvo Sotelo-, ya conocemos el programa económico dé mister Reagan: reducciones del gasto público con supresión de numerosos subsidios, reducción del impuesto sobre la renta en un 30% y nueva reglamentación de las amortizaciones. Todo ello para forzar los excedentes de las empresas, a lo cual contribuirá -especialmente en favor de los grandes conglomerados- el aumento de los gastos de defensa, que para 1984 absorberán el 32% del presupuesto federal, frente al 24% de 1980-1981.

En definitiva, la dirección que apunta mister Reagan, de favorecer aún más el gran capital, será la misma del señor Calvo Sotelo. Aunque la economía española está en una situación comparativamente peor, es previsible, y hay que tratar de evitarlo, que en nuestro caso (servata distantia, habida cuenta de las diferencias de escala) se produzca un importante au mento de los gastos militares. Para ello, la UCD habría de conseguir hacer entrar a España en la OTAN antes de 1983, lo cual es otra historia Hasta 1983 falta mucho tiempo. Un tiempo que seguramente no va a trabajar en favor del regresivo programa del señor Calvo Sotelo, que en pocas semanas, a lo sumo meses, tendrá su fin en un nuevo ritual de cambios.

Ramón Tamames es catedrático de Estructura Econórnica de la Universidad Autónoma de Madrid y diputado del PCE.