miércoles, 5 de diciembre de 2012

Fernando



Fernando
ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ 17 FEB 1998
La verdad de los hechos históricos se desvela con el paso del tiempo. La sociedad española un día conocerá lo que todos debemos a Fernando Abril.Cuando España terminaba una larga dictadura, un grupo de hombres, más ligados al viejo régimen que a la oposición democrática, tomaron la decisión de agruparse para favorecer la recuperación de la democracia y la libertad. Con Adolfo Suárez como conductor, desmontaron la arcaica estructura que impedía el ejercicio libre de la voluntad popular y convocaron unas elecciones democráticas en 1977. El acontecimiento no tenía precedente histórico en España. La unidad de grupos y personalidades de las derechas siempre había tenido como objetivo él rapto de la libertad, las etapas autoritarias. Por primera vez, una agrupación de personajes y pequeños grupos se alían bajo las siglas UCD para ayudar a la revitalización democrática.

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Oración por un hombre bueno
Un ejemplo de entereza
Las elecciones de 1977 no fueron convocadas para conformar una Cámara constituyente, pero todos éramos conscientes de que antes o después las Cámaras elegidas libremente, tras casi medio siglo de dictadura, habrían de elaborar una Carta Magna que rigiera la convivencia democrática de los españoles.

Los primeros pasos en la redacción de la nueva Constitución no fueron esperanzadores. La mitad de la Cámara ejercía su mayoría para aprobar un artículo tras otro, ignorando por completo las aspiraciones de la otra mitad de la Cámara. Se reproducía así el mecanismo por el que durante dos siglos la mayoría conservadora o la progresista dictaba una Constitución para sus partidarios, desdeñando a los otros, haciendo una Constitución para media España, que sería más tarde sustituida por otra Constitución para la otra mitad del país.

Fernando Abril Martorell entendió antes que nadie que teníamos ante nosotros una oportunidad única: elaborar una Constitución para todos. El día 17 de mayo de 1978, Fernando escribió una página larga de la historia futura de España. Invocó el consenso constitucional, garantía de la etapa democrática actual de España, la más larga de los últimos siglos.

En el año recién comenzado se cumplen 20 de la aprobación de la Constitución democrática de 1978. Sabiendo que Fernando Abril padecía una grave enfermedad tenía mis esperanzas puestas en la celebración de esa efemérides para que la sociedad española rindiese a Fernando Abril el homenaje que su visión política merece. No ha podido ser. La pasada semana animaba yo a Fernando a participar en los actos de celebración del vigésimo aniversario de la Constitución. Le anuncié que varias universidades, en sus cursos de verano, preparaban ciclos de conferencias, mesas redondas y otros actos, y que le reclamaban. Con voz serena, que resultó dramática, contestó que el verano estaba ya demasiado lejos para él.

Al conocer su muerte he evocado nuestros 20 años de amistad. Y me doy cuenta de que uno de los mejores amigos de mi vida ha sido mi adversario político. Y ello me admira, al pensar en la desgarradora historia de mi país. Tal vez ni en política encontramos razones para la confrontación.

Fernando Abril es ejemplo y lección. Las etiquetas no nos enseñan nada de los hombres, sólo sus conductas nos dicen de su grandeza o mezquindad. Fernando ha sido un ser excepcional, y si algunos consideran hiperbólica esta forma de adjetivar, motivada por un momento de congoja, de dolor, les emplazo a esperar el veredicto de la historia, de los hombres que han de analizar, sin adherencias partidarias, este último cuarto de siglo español.

El humanismo de Fernando, su sentido del humor, su ironía creadora, su bondad, el arte de distinguir lo accesorio de lo principal, deja abatidos a muchos amigos verdaderos.

Su esposa, Marisa, sus hijos y sus nietos, la familia que adoraba, sentirán que nadie le puede sustituir en su dolor, nadie puede dolerse por ellos. Es verdad. Sepan, al menos, que somos tantos los que les acompañamos en estos angustiosos momentos en que sabemos que Fernando ya no está. Su recuerdo, grato, amoroso, lúcido, nos acompañará.
Gracias, Fernando.

Alfonso Guerra analiza las circunstancias de los últimos cuatro años de gobierno,



ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ 20 JUN 1986
Una mayoría y un Gobierno progresistas han podido cumplir, por primera vez en la historia de España, una legislatura con normalidad y en plena estabilidad política. El autor de este artículo analiza las circunstancias de los últimos cuatro años de gobierno y concluye, entre otras cosas, que el fenómeno más positivo y de mayor alcance quizá sea la emergencia y la creciente solidez de una nueva mayoría social, en la que se han ido articulando sectores, inicialmente muy diversos, en torno a los valores y objetivos propios de una cultura cívica avanzada.
Que España haya avanzado mucho o poco en los últimos años, durante la mayoría socialista, es debate a menudo infructuoso, cuando las afirmaciones derivan por entero de los intereses o de la sensibilidad de cada cual. El grado de cambio puede, sin embargo, reconocerse con mayor facilidad si nos atenemos a los hechos, pues nadie podrá entonces honestamente negar que se han producido unos cuantos no imaginables sin que desde el poder público se hayan operado, al mismo tiempo, transformaciones, riada superficiales, y sí muy profundas, en nuestro Estado y en nuestra sociedad.Es el caso, por ejemplo, de la incorporación de España a las Comunidades Europeas o de la plena realización de los procesos autonómicos. ¿Puede caber alguna duda de que la integración europea de España o el asentamiento del Estado sobre principios -radicalmente distintos a los vigentes durante siglos- en cuanto a la distribución territorial del poder no son fenómenos que puedan explicarse por sí solos, sino que, por el contrario, han sido posibles mediante un amplísimo conjunto de decisiones del que, prácticamente, no hay aspecto de nuestras relaciones políticas o sociales que no haya sido afectado?

Es el caso, también, del hecho mismo que, por primera vez en nuestra historia, una mayoría y un Gobierno progresistas hayan podido cumplir una legislatura con normalidad y en plena estabilidad política. No se trata, en efecto, de un hecho intrascendente, pues fácilmente podrá recordarse que la mayor duda de muchos españoles a finales de 1982 lo era sobre la capacidad de los socialistas para gobernar, en el sentido más amplio del término, y para hacerse, de modo estable, con resortes esenciales del poder público.

La duda no era ociosa. Hasta entonces, en la tradición política española el poder público siempre tendió a degenerar en un fin en sí mismo, en algo cuyo ejercicio venía a ser su único título de legitimidad. A partir de entonces, lo que se iniciaba era una utilización instrumental y mediadora del poder, esto es, su consideración de instrumento para llevar a cabo una transformación del Estado y de la sociedad en España, o, si se prefiere, la regeneración del Estado para modernizar nuestra sociedad.

El contraste era evidente. Si nos hubiéramos limitado a administrar la herencia que recibíamos -tan adversa, desde todos los puntos de vista, a la política que se emprendía-, en lugar de modificarla muy sustancialmente y de adaptarla a nuestros propósitos, no se hubiera llegado a unas elecciones en las actuales condiciones, esto es, a un momento que posiblemente sea aquel en que los españoles, a lo largo de su historia, afrontan la decisión de su futuro con mayor tranquilidad o ausencia de temores. Y justo en este momento, la capacidad política de gobernar establemente conforme a nuevos criterios se convierte en el principal objeto de una intensa actividad de derribo, como sucede siempre que se señala el peligro de que esa función de Gobierno estable y reformador al mismo tiempo pueda quedar asegurada para España durante los próximos años.

Mejores perspectivas
Los hechos parecen avalar, en suma, la puesta en movimiento de un cambio profundo que, con todas las limitaciones o carencias que se quiera, permite, en todo caso, afirmar que las perspectivas de futuro para España son notablemente mejores y más abiertas en 1986 que en 1982.

El fenómeno más positivo y de mayor alcance de toda esa situación quizá sea que en la misma subyace la emergencia y la creciente solidez de una nueva mayoría social, en la que se han ido articulando sectores, inicialmente muy diversos, en torno a los valores y objetivos propios de una cultura cívica avanzada.

Esta nueva mayoría social, para su ascensión -legítima y necesaria en términos históricos-, ha optado, en efecto, por los cambios graduales, pero irreversibles, o lo que es lo mismo, por la efectividad de las vías legales y democráticas para el desplazamiento de los considerables obstáculos que encuentre a dicho proceso de ascensión histórica. Tales obstáculos, aun a riesgo de simplificar, pueden resumirse en un enquistamiento de oligarquías, que las hay de muy distinto linaje, y que se manifiestan no sólo en forma de intereses concretos y organizados -cuya expresión más relevante probablemente sean los corporativismos-, sino, de manera mucho más difusa y extensa, a través de comportamientos y mentalidades.

En esta situación, el formidable factor de innovación y modernización que supone para España la existencia de esa mayoría social comenzó a ser operativo en la medida que ha sido capaz de dotarse de una mayoría política identificada con sus aspiraciones. No es casual que una identificación similar, del mismo modo que ha sucedido o sucede en distintas fases de la historia reciente de otros pueblos europeos, se haya producido en el espacio del socialismo democrático, donde coinciden la concepción del Estado como instrumento para crear o fomentar las condiciones que hagan efectivas la libertad y la igualdad de los ciudadanos y un sentido del ritmo político progresista y adaptado a las realidades sociales existentes.

No está de más recordar, en un momento en que parece asistirse a una creciente valoración intelectual de los componentes utópicos de la acción política, que el pragmatismo o el sentido de la realidad no son ajenos, sino esenciales, a la utopía socialista. No es difícil comprobar que la mayor identificación con una política gradualista proviene, justamente, de sectores sociales cuya situación inicial de desventaja es mayor y que serían, por tanto, los más legitimados para la impaciencia.

Y es que, sin duda, no se desean más oportunidades perdidas en nuestra historia. España es un país con una larga experiencia en frustraciones colectivas. Nunca, sin embargo, como ahora nuestro pueblo ha tocado tan de cerca el objetivo secular de equiparación respecto al reducido conjunto de naciones que ocupan la vanguardia de la cultura y del progreso material. El mayor riesgo que amenaza al proceso de equiparación, una vez iniciado, es que se llegue a quebrar el instrumento político de que dispone la mayoría social que alienta ese objetivo histórico.

De ello son bien conscientes los adversarios de lo que la nueva mayoría social significa, a los que resulta vital debilitar la mayoría política o introducir en ella fisuras a través de las que puedan penetrar los intereses sectoriales que todavía anidan entre las ruinas del pasado. De ello también habrán de ser conscientes quienes, por el contrario, alimentan e impulsan el espíritu de modernidad, que es hoy el principal impulso y motivo de esperanza para la sociedad española. En su propia consideración de mayoría social ascendente será, en suma, esencial preservar su mayoría política.
Alfonso Guerra es vicesecretario general del PSOE.

Sobre el referéndum



Sobre el referéndum
ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ 12 ENE 1986
El debate de las últimas semanas sobre el referéndum que se va a celebrar próximamente en España ofrece buenos ejemplos de esa inclinación, tan frecuente en los políticos -y en quienes se mueven en su entorno-, a confundir su mundo con el mundo. Ésta es fuente de la que nacen casi siempre los más sonados errores de los dirigentes, que, sin embargo, aciertan con frecuencia cuando son capaces de escapar a la atracción que ejerce sobre ellos la atmósfera cerrada del invernáculo político.La primera confusión deriva de que casi nunca se establece con precisión de qué se está hablando. Las actitudes ante la celebración del referéndum aparecen confusamente mezcladas con toda clase de elementos subjetivos, que podrán ser más o menos legítimos o espurios, pero que poco o nada tienen que ver con lo que pretendidamente se debate: ¿es o no razonable que el pueblo español sea consultado a la hora de tomar una decisión como la de permanecer o salir de la Alianza Atlántica? El contestar a esta cuestión con un ojo puesto en las encuestas y otro en el calendario electoral podrá ser comprensible desde el punto de vista de la estrategia partidista a corto plazo, pero no parece que sea la forma más rigurosa de responder.

La confusión aumenta si se añade la que deriva del cruce entre actitudes ante el hecho de la consulta -el referéndum- y actitudes ante lo consultado -permanencia en la Alianza- Hay algún medio de comunicación que, después de haber publicado en los últimos años decenas de editoriales sobre el asunto (en todos los cuales se ha criticado acerbamente la pretendida ambigüedad del Gobierno), aún no nos ha dejado saber si está a favor, en contra o se abstiene. Lo mismo cabe decir de algunos líderes políticos, que adoptan la ventajosa filosofía: "Con barba, san Antón, y si no, la Purísima Concepción".

En todas las construcciones argumentales en contra de la celebración del referéndum parece faltar siempre una respuesta a los datos básicos del problema, a saber: a) que la Constitución ha establecido el mecanismo del referéndum consultivo precisamente para las "decisiones políticas de especial trascendencia"; b) que todavía nadie ha puesto en duda que la decisión de permanecer o abandonar la Alianza Atlántica reviste una especial trascendencia para Es1laña; c) que la decisión de someter este asunto a referéndum popular está tomada y anunciada por el Gobierno desde 1982, sin que jamás se haya cuestionado su cumplimiento (otra cosa es que algunos, confundiendo sus deseos con la realidad, se hayan creído su propia propaganda contraria al referéndum y ahora se sorprendan ante la confirmación de que se va a hacer lo que siempre se dijo que se haría), y d) que la inmensa mayoría de los españoles, al margen de su ubicación ideológica o de su opinión sobre la permanencia en la OTAN, desea ser consultada sobre esta cuestión.

El papel de España en el mundo
Con estos cuatro datos de la realidad debería ser suficiente para que un Gobierno responsable considerara necesario consultar a los ciudadanos. Pero hay más: España sale de un prolongado período de indefinición y vacilaciones en cuanto a su papel en el mundo. La ausencia de un marco de relaciones internacionales más allá de la retórica ha supuesto hasta ahora una permanente rémora para nuestro desenvolvimiento como nación. El referéndum es el mejor modo de resolver profundas escisiones, hasta ahora existentes en nuestra sociedad, sobre el papel, los intereses y la seguridad de España en el contexto internacional. Escisiones equivalentes, desde el punto de vista interno, quedaron resueltas en el proceso que culminó con la aprobación de la Constitución, con el establecimiento definitivo de un marco adecuado de convivencia entre españoles. No parece que tenga menor trascendencia obtener ahora el definitivo asentamiento internacional de España; esto es, completar las líneas, establecer las condiciones y defender los intereses de su posición en el mundo como nación democrática y occidental.

El referéndum permitirá, mejor que cualquier otro procedimiento, hacer de esta cuestión, hasta ahora conflictiva e incierta, una cuestión en el futuro pacífica y segura. Que la legitimidad de una decisión política está en función, antes que de su contenido, del procedimiento por el que tal decisión se adopta es algo que ya resulta un axioma para la filosofía política más actual. Este principio de la legitimidad por el procedimiento o, si se prefiere, de la aceptación de la decisión política en virtud de la forma en que se toma y en que recibe el apoyo popular es, en último término, lo que explica esa especial adecuación, prevista por nuestra Constitución, del referéndum para las cuestiones de especial trascendencia. Parece claro que la política de paz y seguridad que España ha de establecer se verá considerablemente fortalecida, incluso frente a nuestros interlocutores exteriores, por el hecho de haber sido directamente refrendada por el pueblo.

Paternalismo y soberanía popular
Se alude a veces a la especial naturaleza de tan delicada cuestión para justificar la inconveniencia de que sea sometida a consulta de los ciudadanos. Peligroso argumento. Tras él subyace una concepción de la democracia y de la soberanía popular que, con suavidad, debe calificarse al menos de paternalista. Desde la perspectiva de profundización de la democracia, el referéndum sobre la permanencia en la Alianza Atlántica adquiere, a mi juicio, un valor añadido: la demostración práctica de que en España no hay cuestiones que puedan sustraerse a la soberanía del pueblo y que, por el contrario, queda siempre abierta la posibilidad de que los ciudadanos intervengan en todas las materias que les afectan. Cuando la Constitución dice que "la soberanía reside en el pueblo" no establece a continuación un catálogo de excepciones. La consideración, que late debajo de ciertas posiciones, de que los temas relativos al marco de la seguridad de España o de su posición en el mundo han de ser coto privado de los profesionales de la política o de la defensa choca con los principios constitucionales y con una concepción integral de la democracia política, y ahí sí entramos ya en una auténtica cuestión de principios sobre la que sería bueno que se clarificaran las posturas.

El referéndum, asunto del Gobierno
Por otra parte, ¿qué se quiere decir cuando se afirma que el referéndum es un asunto del Gobierno? Naturalmente que lo es: el referéndum consultivo, previsto en el artículo 92 de la Constitución, ha de tener por objeto, necesariamente, una decisión política del Gobierno. El Gobierno es el órgano constitucional que ha de proponer y promover la consulta popular y es también el órgano que compromete una decisión suya mediante dicha consulta. Las cosas no pueden ser, en términos constitucionales y legales, de otra forma.

Lógicamente, las decisiones consultadas no pueden ser cualesquiera que el Gobierno desee, sino solamente aquellas que tengan especial trascendencia. Para garantizar esto último, precisamente, se establece que la celebración de la consulta y los términos en que se produce sean algo que ha de autorizar el Congreso de los Diputados. Ambos elementos -naturaleza especial de las decisiones objeto de consulta y autorización del Congreso- son los que determinan que tales decisiones se configuren como verdaderas cuestiones de Estado, respecto a las que pueden y deben comprometerse, en uno u otro sentido, todas las fuerzas políticas, y no sólo las que apoyan al Gobierno.

Un razonamiento contrario nos conduce al absurdo: puesto que lo que se ha de someter a consulta es una decisión del Gobierno, puesto que el presidente del Gobierno es quien tiene la iniciativa para promover la consulta, siempre será posible argüir que un referéndum es "un asunto del Gobierno" y descomprometerse así del "sino.

Semejante círculo vicioso sólo podría romperse mediante la exclusión de la posibilidad niÍsina del referéndum, es decir, creando una situación de reforma constitucional de hecho o de derecho. Y quien tal cosa pretenda debe decirlo así.

Lo que busca el Gobierno al consultar a los ciudadanos sobre su decisión de que España permanezca en la Alianza Atlántica en ciertas condiciones no es, desde luego, incrementar el apoyo popular a su política general. Entre otras cosas, porque, afortunadamente, no precisa este Gobierno para ello de semejantes medios. Nadie puede pensar seriamente que de lo que se trate sea de plebiscitar al Gobierno. Si ésa fuera la idea, a cualquiera se le pueden ocurrir muchos temas en los que este Gobierno podría buscar un plebiscito en condiciones de mayor comodidad.

Es precisamente la postura de boicoteo al referéndum por parte de ciertos partidos lo que determina un incremento de la responsabilidad y, por tanto, del protagonismo del Gobierno. Esa actitud sería, en todo caso, la que podría conducir a una situación plebiscitaria no buscada por el Gobierno, sino provocada por quienes se niegan a hacer frente a su responsabilidad ante el electorado.

Los enemigos de la consulta a los ciudadanos
El oportunismo latente en la postura de quien dice propugnar el boicoteo, su endeble base teórica, se evidencia en cualquier caso recordando las posiciones defendidas por AP al debatirse en las Cortes lo que hoy es el artículo 92 de la Constitución. Tronaba entonces el señor Fraga Iribarne en defensa de la democracia directa con palabras como éstas: "Partidario como soy de la democracia representativa, y respaldando como respaldo la inclusión de los partidos políticos en el título preliminar de la Constitución, es una compensación necesaria, de raíz profundamente populista y de raíz profundamente democrática, el que haya determinadas atribuciones otorgadas al pueblo como tal a través de las instituciones de la y a indicada iniciativa legislativa popular y del referéndum en un sentido amplio". Se quejaba amargamente el propio señor Fraga cuando, por una enmienda (justamente del partido comunista), el referéndum pasó de ser decisorio a considerarse consultivo, y citaba ejemplos:

"La entrada en las Comunidades Europeas o la eventual retirada de las mismas, o tal vez el tema tan polémico como la entrada en una organización internacional de defensa, pudieran y debieran ser sometidas a referéndum". Y concluía su alegato -mediante el que, no sin cierta coherencia ideológica personal, pretendía combatir lo que él llamaba "los riesgos de la partitocracia"- con una enérgica afirmación de identidad política: "Pertenezco a un partido populista que no acepta el desprecio a la plebe que implica el desprecio de los plebiscitos" (Diario de Sesiones, 6 de junio y 13 de julio de 1978).
En todo caso, y teniendo en cuenta que, aun después de haberse hecho pública la intención de los señores Fraga Iribarne, Alzaga y Segurado de boicotear el referéndum, casi el 70% de la población se manifiesta a favor de que éste se celebre, cabe dudar de la rentabilidad electoral de una actitud que más parece una trampa de elefantes que alguien le ha tendido a alguien, y no precisamente al Gobierno.
El referéndum, pues, es conveniente para España porque otorga una especial legitimidad a la política de paz y seguridad. Es democrático porque hace a los ciudadanos responsables y les permite intervenir en una materia que afecta a todos. Es respetuoso con la voluntad de los españoles, que desean en su gran mayoría ser consultados sobre esta cuestión. Es constitucional porque se ajusta estrictamente a lo previsto en el artículo 92 de nuestro texto básico; y es coherente con el compromiso electoral de los socialistas, reiterado en el programa de investidura del presidente del Gobierno y mantenido hasta hoy.
Además, no hemos de tener miedo a la expresión de la voluntad popular: ¿qué hace pensar a algunos que los españoles, que desde el final de la dictadura han sabido acertar en el rumbo más conveniente para sus destinos, van en esta ocasión a ir contra sus propios intereses? ¿Dónde están las reiteradas alusiones a "la demostrada madurez del pueblo español"? Más discutible sería la madurez de algunos políticos, que, estando convencidos de la conveniencia de una decisión, orillan el interés nacional en función de un muy dudoso ejercicio de quiromancia electoral cuyo principal defecto es que empieza por no convencer a aquellos a quienes se dirige. Como no podía ser menos tratándose de un guiso procedente de las cocinas democristianas.
No hay mejor forma, por tanto, de explicar el alcance y el contenido del referéndum que con el texto de la Constitución en la mano. Se trata, en efecto, de someter a referéndum consultivo de todos los ciudadanos una decisión política de especial trascendencia. Tiene que haber, pues, una decisión política, y tal decisión ha de tomarla el Gobierno. No se consulta a los ciudadanos sobre la paz y la guerra (sólo habría un resultado: ciento por ciento a favor de la paz), ni sobre la situación geoestratégica del mundo, ni siquiera sobre los bloques militares; hasta sería un error pensar que se trata de opinar sobre la OTAN como tal. No son ésas cuestiones que se solventen mediante un referéndum. Se trata de determinar si una decisión concreta del Gobierno es o no considerada conveniente, en un momento histórico determinado, por los ciudadanos.
En este caso, la decisión se refiere a la permanencia de España en la Alianza Atlántica con ciertas condiciones. Tiene, sin duda, especial trascendencia y, aceptando esa valoración (que nadie ha discutido hasta ahora), ha de aceptarse que el Gobierno pueda y deba someterla a consulta de los ciudadanos. No es razonable decir que el referéndum tenía sentido si era para salir (es decir, en el supuesto de que la voluntad del Gobierno hubiera sido abandonar la Alianza), pero no lo tiene si es para permanecer. Eso puede afectar a la opinión que merezca la postura del Gobierno o incluso al sentido del voto, pero no al hecho mismo de la consulta, que se justifica por la importancia de la cuestión.
El referéndum, en consecuencia, no es que pueda ser más o menos claro; es que la propia Constitución lo hace claro. El Gobierno, adoptada una decisión política sobre la permanencia en la Alianza Atlántica, la considera de especial trascendencia y pide autorización al Congreso de los Diputados para someterla a referéndum. A los ciudadanos corresponde decir sí o no a esa decisión. ¿Qué ocurre después? Si la mayoría ha dicho sí, lógicamente el Gobierno lleva adelante su decisión. Si, por el contrario, la mayoría de los votantes considera que la decisión del Gobierno no es la más adecuada para los intereses nacionales, éste, por lógica democrática, no debe aplicar tal decisión.
En esta situación cabe ya predecir que en el futuro los libros de historia recogerán el año 1986 como aquel en que los españoles, además de incorporarse a las instituciones de la Europa democrática superando un aislamiento de siglos al que les habían condenado, entre otros, los malos gobernantes, pudieron determinar su papel en el mundo y su participación en un sistema de seguridad colectiva por el procedimiento más democrático que se conoce: el sufragio universal. Y parece que no serán precisamente los que hoy, por mezquindad o por miopía, regatean su contribución al interés de todos quienes ocupen el mejor lugar en esa historia. es vicepresidente del Gobierno.

Una oportunidad histórica



Una oportunidad histórica
ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ 8 FEB 1979
Secretario de Organización del PSOE
Hoy se inicia la campaña electoral para elegir nuevos representantes en las cámaras legislativas.
Desde hace dos años, los socialistas venimos insistiendo en la necesidad de convocar unas elecciones generales al final del proceso constituyente. Por muchas razones que se quieran dar ahora, la verdad es que todos -salvo los socialistas- se oponían a estas elecciones.
Algunos, aquellos a los que menos satisfacen las consultas populares, alegan que el pueblo está ya cansado de votar. Afirmación paradójica si atendemos a los años de forzado ayuno electoral de nuestro pueblo.
Para mí que el pueblo español posee una capacidad electoral muy considerable, porque unas elecciones, para un partido socialista, significan mucho más que una mera llamada a acudir al colegio electoral. Es un eslabón más de la tarea de aproximación al pueblo, de invitación a la participación popular en la cosa pública. Y el pueblo quiere participar.

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La importancia del voto comunista
La derecha política creyó que la transición podría hacerse sin necesidad de descabalgar a las figuras de la dictadura. En su opinión, bastaba una remodelación exterior de la imagen del poder para suplantar el desmontaje del aparato burocrático-político de la dictadura. A esta operación se lanzaron Suárez y Fraga, pero sin acuerdo previo: más bien con la hostilidad derivada de las humillaciones pasadas.

La conclusión, al paso del tiempo, se ofrece con claridad. Los inventores del centro han fracasado en su intento de calmar las ansias de cambio de la población. Después de muchos años de espera, de resignación ante los problemas, los trabajadores, los funcionarios, los campesinos, los pequeños propietarios y comerciantes han soportado con estoicidad y responsabilidad una etapa transitoria en la que la necesidad de sedimentar las formas democráticas exigían el sacrificio de aplazar ciertas mejoras directas, inmediatas, de urgencia y necesidad. Y ello lo hacían a trueque de unos cambios estructurales que garantizaran a medio plazo una situación más justa a través de un proceso de democratización del país. Sin embargo, nada de esto ha sido propiciado por el Gobierno de UCD.
Por el contrario, la nación ha comprobado con horror que algunos problemas seculares de nuestra realidad permanecían intactos y que otros se agravaban con la gestión del Gabinete del señor Suárez.
Los dos problemas más graves que atentan contra la vida de la colectividad, el paro y el terrorismo, tienen su expresión más significada en el Sur -hambre en Andalucía- y en el Norte -golpeteo de balas en Euskadi.
Para más de un millón de españoles, el derecho al trabajo, reconocido en la Constitución, no existe. Sólo en 1978 el número de parados se ha incrementado en 250.000. Veinte mil parados más por cada mes de Gobierno UCD.
La incapacidad del equipo (?) gubernamental para dar solución a los conflictos que plantea un preocupante deterioro de la seguridad ciudadana, con la extensión del terrorismo y la generalización de la delincuencia, muestran una vez más lo que la historia siempre ilustra. Un partido no se inventa, no se improvisa. Aún menos se puede fabricar con desechos de la situación anterior. La experiencia de renovar la fachada de la dictadura con detalles formales de peluquería y vestuario de los líderes que no se forjaron en la democracia, sino contra ella, tenía naturalmente que ofrecer la cara del fracaso. Ahora el pueblo la tiene delante y puede aprovechar la fecha del 1.º de marzo para tomar sus precauciones, no insistiendo en fórmulas agotadas.
El pueblo español quiere cambiar la vida, quiere un nuevo proyecto de vida que se cimente sobre los valores superiores de libertad, justicia e igualdad. Y esto es posible.
Bastará con terminar la labor comenzada en junio de 1977. Entonces, a sólo tres meses de la legalización del Partido Socialista, éste obtuvo el apoyo de más de cinco millones de ciudadanos. Durante casi dos años, los socialistas han realizado un trabajo encaminado a sumar a su proyecto de vida a más amplios sectores de población.
,Contra esta posibilidad, los profesionales del miedo zarandean el rechazo de algunos sectores ante la alternativa de un Gobierno dirigido por los socialistas. Argumentación insostenible ante las cifras que proporcionan los últimos sondeos: más de un 75% de españoles expresan una recepción favorable ante la posibilidad de gestión socialista de Gobierno.
Es cierto que las encuestas arrojan datos favorables al PSOE sobre el resto de las fuerzas políticas. Posiblemente estemos ante una ocasión inmejorable para que el pueblo confíe al Partido Socialista la Administración del Estado, en una situación política y económica que exige una voluntad de cambio capaz de conectar con la aspiración popular.
Combatir el paro, democratizar la Administración pública, terminar con el fenómeno terrorista, controlar el alza de los precios, atender a los sectores sociales más abandonados (jóvenes, ancianos, mujeres, población rural, marginados sociales), potenciar una eficaz política sanitaria, concretar y desarrollar el proceso autonómico, proporcionar sistemas de promoción cultural, garantizar viviendas suficientes y dignas, facilitar el retorno de los emigrantes, conseguir una enseñanza eficiente y gratuita para todos, reformar la estructura agraria, eliminar el caciquismo, poner al servicio de la colectividad los medios de comunicación social, en especial la televisión, son algunas de las tareas que está exigiendo ya, sin demora, el pueblo español y que, a su vez, exige un Gobierno capacitado técnicamente, con un programa eficaz y con voluntad de transformación de la realidad socioeconómica para conseguir la justicia y la igualdad.
A este desafío histórico, el PSOE acude con un siglo de práctica política presidida por la honradez y la firmeza, y con un cuadro de hombres y mujeres, líderes y militantes, al servicio de nuestro castigado país, conscientes de que asumir en estos momentos una tarea de Gobierno representa una seria responsabilidad.

martes, 4 de diciembre de 2012

Navarra



Navarra
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ 8 SEP 2007
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Siguen, aunque mitigadas, las reacciones al enredo navarro como consecuencia del resultado electoral. Viví los prolegómenos y participé en la campaña. Mi impresión no ha cambiado desde aquellos momentos. Fernando Puras me parecía un buen candidato y, seguramente, hubiera sido mejor presidente del Gobierno foral, pero los resultados no lo acompañaron ni a él ni al partido.

Me preocupaba y me preocupa la algarabía de los dirigentes del PP y de los de su marca navarra, porque ellos sí utilizaron el tema de la Comunidad como moneda de cambio. Me pareció y me parece inteligente la posición de la plataforma nacionalista, aunque no comparta sus afirmaciones. Estaba identificado con el mensaje de fondo de la candidatura socialista y no lo estuve con la gestión de los resultados.

Estos resultados no me extrañaron. Hace falta tiempo y tenacidad para abrir un espacio de convivencia en la especificad de Navarra como espacio público que comparten ciudadanos con distintas ideas -lo normal- y con distintos sentimientos de pertenencia, lo que resulta más difícil de gobernar. Sobre todo cuando se agitan fantasmas de traiciones identitarias y se fundamentan las políticas de los líderes en propuestas de exclusión de los otros, de los que sienten su pertenencia de otra manera.

El socialismo democrático navarro, aún con las hipotecas del pasado reciente, hacía la única propuesta integradora de la diversidad de sentimientos de pertenencia, desde una plataforma progresista, inclinada a la izquierda. Pero estaba y está sometido al choque de trenes de nacionalismos enfrentados que dividen a la comunidad más por razones identitarias que por las propuestas de ideas incluyentes de la diversidad. Abrir un espacio con vocación mayoritaria cuesta mucho, pero es imprescindible para los navarros, primero, y para nosotros como socialistas, después.

En política lo evidente es lo que más cuesta ver. Por eso pasaba extrañamente desapercibido que el eslogan de campaña de Unión del Pueblo Navarro ("Sí a Navarra") fuera idéntico al nombre mismo de la plataforma de los nacionalistas (Nafarroa Bai). Así, dos formaciones antagónicas enfrentaban a dos partes de la comunidad navarra, afirmando que la identidad de la misma era la que ellos representaban con exclusión implícita o explícita de la otra. Al grito de Sí a Navarra frente a Navarra sí, unos y otros achicaban el espacio de las ideas y agrandaban el de los sentimientos enfrentados. En medio, los socialistas afirmando que Navarra es el espacio compartido de todos los navarros y que son las propuestas programáticas y la voluntad incluyente de convivencia las que deben ofrecer las soluciones.

Tal como yo lo veo, seguimos viviendo un mundo de falsedades sin aclarar. Los de Nafarroa Bai, los más inteligentes en la forma, ocultan que su plataforma no es de izquierdas, sino de concentración nacionalista, que no es ni puede ser lo mismo. La argamasa puede ser una propuesta para desalojar del poder a los navarristas de la marca del PP, si no tienen, como así ocurrió, la mayoría, pero no la ficción de alternativas de derecha o de izquierda.

Los de UPN, como los que renunciaron a la dependencia de los violentos en la plataforma de NaBai, sabían y saben, en contra de las tonterías que se han dicho, que los mayores opositores a un gobierno alternativo eran los terroristas y los que dependen de ellos. Es evidente pero se oculta.

Para ETA y Batasuna, que un grupo escindido de ellos por rechazar la violencia llegue a gobernar en Navarra era la peor noticia. Los del PP también lo saben, aunque afirmen exactamente lo contrario por intereses espurios de conservación del poder.

En una situación de esta naturaleza, con los resultados habidos, los compañeros socialistas deberían haber dejado el protagonismo de la difícil formación del gobierno a la primera fuerza política. Tras su fracaso, casi inevitable por la propia normativa estatutaria, deberían haber esperado a los segundos en votos. Sólo cuando no hubiera solución de gobernabilidad deberían haber optado por una oferta que la facilitara desde sus propuestas programáticas o haber reconocido que no se daban las condiciones de formar un gobierno y había que volver a las urnas.

Personalmente, tal vez por la deformación de mi vocación mayoritaria, yo me hubiera inclinado por esta última opción, con todas sus consecuencias. Por eso me entristece pensar que parte de mis compañeros se sientan frustrados por haber pretendido el desalojo de los que tenían la primera minoría sobre cualquier otra consideración. Es casi lo mismo que pensaban los asociados al PP en sentido contrario.

No tengo la menor idea de cómo se produjeron las conversaciones entre la dirección federal de los socialistas y los compañeros de Navarra a partir del día electoral, pero comprendo la posición de la Ejecutiva, más allá de razones estatutarias. Si me hubiera tocado decidir, hubiera hecho algo semejante, con la salvedad de que no conozco las razones de la dirección más allá de lo hecho público en medio del ruido de las interpretaciones, y las mías, en forma de opinión sin interferir en lo ya pasado, son las que expongo aquí.

Siento que Fernando Puras haya dimitido. No beneficia al socialismo navarro. Siento que algunos de mis compañeros cuestionen por lo ocurrido a la dirección navarra y crean que en cada territorio hay que decidir todo lo concerniente al mismo, sin tener en cuenta que compartimos un espacio mayor como ciudadanos y que para nosotros, como socialistas, la cohesión en ese espacio compartido es clave para comprender que queremos convivir incluyendo y no excluyendo a los que tienen sentimientos de pertenencia diversos. Eso es lo que nos diferencia de las pulsiones nacionalistas de cualquier signo. En Navarra y en otros lugares. Puede y debe haber ideas socialistas en todos los sentimientos de pertenencia. Es nuestra argamasa en la diversidad.

Si perdiéramos eso, nuestra situación en Navarra y en otros lares no sería mejor sino peor, en todos los sentidos. Seríamos más débiles, en cada lugar y en el conjunto, sin poder ser diferentes si queremos seguir ofreciendo ese camino que es el socialismo democrático.

Felipe González es ex presidente del Gobierno español

Una respuesta a la crisis



Una respuesta a la crisis
La habilidad neoconservadora, la de los actores financieros, la de las agencias de calificación consiste en hacernos olvidar las correcciones de fondo que necesita el modelo de economía financiera sin regulación y llena de humo que nos llevó a esta catástrofe
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ 25 ENE 2012 - 11:18 CET56
Cuarto año de crisis y la perspectiva nos lleva a pensar en la famosa década perdida de América Latina en los años ochenta del pasado siglo. A estas alturas se tiende a olvidar que el origen estuvo en la implosión de un sistema financiero desregulado, lleno de ingeniería financiera cargada de humo, sin relación con la economía productiva. Esto arrastró a la economía real a una recesión mundial, especialmente grave en los países centrales, como epicentro de este disparatado sistema.
Hoy se enfrenta la situación de la deuda soberana derivada de la crisis financiera, como un problema de solvencia, que no existe, aunque lo más grave sea la falta de liquidez y de crecimiento económico generador de empleo. Error de estrategia, en particular en la zona euro, que puede contraer dramáticamente la economía y agravar la crisis de la deuda, además de hacernos olvidar las causas originarias y por tanto, no actuar sobre ellas. Este enfoque está cuestionando la cohesión social que ha definido la época de reconstrucción y desarrollo de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Toda una gran paradoja: el modelo triunfante del neoconservadurismo desregulador que se inicia en los ochenta del siglo XX, domina la escena de la globalización hasta el estallido de 2008 y, como respuesta, la misma corriente ideológica, mayoritaria hoy en Europa, se olvida de las causas de la crisis y centra la estrategia en las consecuencias de la misma. Las fuerzas representativas del centro izquierda progresista se sienten arrinconadas y a la defensiva en la Unión Europea y acosadas por la presión de la derecha más extrema en Estados Unidos.
Al tiempo, crece el nacionalismo antieuropeísta, el virus destructor de Europa a lo largo del siglo XX. De nuevo la paradoja: las propuestas de gobernanza económica europea, imprescindible para que funcione la Unión Monetaria, por su erróneo enfoque, aceleran las pulsiones nacionalistas en todos los rincones de Europa. Una mezcla explosiva que introduce más confusión en la ciudadanía, que ve a sus gobiernos inermes ante la hegemonía de los “mercados”.
En estas circunstancias necesitamos, más que nunca, una propuesta socialdemócrata y europeísta, desde un pensamiento renovado, capaz de comprender las implicaciones del cambio civilizatorio que vivimos a nivel global. No puede ser meramente defensiva de lo conseguido hasta ahora en ese modelo que Lula definía como “patrimonio democrático de la humanidad”, para no caer en la denuncia sin alternativa del pensamiento neoconservador que nos llevó a la crisis.
Europa no tiene otro camino en la globalización que más Europa, más soberanía compartida para avanzar en la gobernanza económica de la Unión y en su proyección relevante hacia el exterior. Este impulso debería excluir de nuestra agenda las tentaciones nacionalistas y proteccionistas que persiguen réditos políticos a corto plazo. Pero este impulso hacia una mayor integración europea no puede formularse desde una estrategia equivocada como la que domina la realidad actual, provocando desesperanza ciudadana ante la contracción de la economía, el aumento del paro, la liquidación de las redes de cohesión y solidaridad. Se piden sacrificios reales y se ofrecen esperanzas inciertas.
Es la oportunidad para una opción renovada socialdemócrata y europeísta. Necesitamos ajustar nuestras cuentas públicas, controlar los deficits excesivos y la deuda en aumento. Pero no necesitamos una terapia brutal que olvide la necesidad de crecer y generar empleo. Tenemos un problema de deuda pero no de solvencia. Necesitamos liquidez para que llegue el crédito a la economía productiva y haya crecimiento y empleo. Podemos y debemos activar el Banco y el Fondo Europeo de Inversiones y convocar a los que quieran participar con sus excedentes de ahorro –como China y otros emergentes– en un gran fondo para invertir en infraestructuras energéticas, de redes, de autopistas del mar…, que impulsen la modernización y el crecimiento generador de empleo en Europa.
Pero no debemos olvidar el origen de la crisis. La habilidad neoconservadora, la de los actores financieros, la de las agencias de calificación consiste en hacernos olvidar las correcciones de fondo que necesita el modelo de economía financiera sin regulación y llena de humo que nos llevó a esta catástrofe. Los gobiernos están condicionados obsesivamente por las “primas de riesgo”, las valoraciones de las agencias –sin legitimidad alguna, ni de origen ni de ejercicio–, enterrados en una especie de lucha de supervivencia día a día, que les distrae de las causas de fondo que provocaron la situación actual. Ni siquiera se consigue el consenso mínimo para imponer una tasa a las transacciones financieras. La resistencia no se produce por los efectos recaudatorios de esa tasa, sino por los efectos regulatorios que permitirían controlar los movimientos especulativos de corto plazo que afectan dramáticamente al valor de las empresas y perturban el funcionamiento de la economía real.
Además la izquierda tiene que proponer, sin miedo, las reformas estructurales necesarias para avanzar hacia una economía altamente competitiva, que premie la productividad por hora de trabajo, la excelencia en el producto final, la innovación y el espíritu emprendedor. Un modelo sostenible económica y medioambientalmente, para competir en una economía globalizada que nos está marginando. Solo así podremos añadir el valor suficiente para defender –a la ofensiva– la cohesión social que nos identifica, mejorando un sistema sanitario público, una educación y una formación profesional de calidad, que nos permitan llegar a todos, igualar oportunidades y competir con ventaja.
Si queremos que haya una alternativa de izquierda mayoritaria, que incluya al centro del espectro social y político, a los jóvenes y a los mayores, tenemos que utilizar nuestros valores para aplicarlos a la nueva realidad. Nosotros, socialistas españoles, lo hicimos en los ochenta, antes de que otros hablaran de “terceras vías” para la socialdemocracia. La sociedad nos entendió y nos apoyó. Una vez más tengo que recordar que la izquierda no puede cometer el error de confundir los instrumentos con los fines, ni la ideología con el ropaje vacío de ideas con que se encubren algunos. Y, en cada época histórica, hay que saber renovar las ideas y los instrumentos para ser fieles a los valores de solidaridad y libertad que nos impulsan.

La política económica de Leopoldo Calvo Sotelo



La política económica de Leopoldo Calvo Sotelo
RAMON TAMAMES 28 FEB 1981
La historia es bien reciente. Aún resuena en los oídos, y permanece en sus luces y sombras en la retina.
La dimisión de Suárez, el 29 de enero de 1981, dio paso al procedimiento de la investidura de un nuevo presidente.
El candidato nominado por UCD resultó finalmente el propuesto por el Rey al Congreso de los Diputados, y tras el episodio del asalto a las Cortes, Leopoldo Calvo Sotelo fue elegido en segunda votación.
Lo más brevemente posible, vamos a tratar de hacer un análisis de la política económica planteada por el nuevo presidente del Gobierno

1. Máximo énfasis en la opción nuclear, en el contexto de un «PEN actualizado», en el que seguramente se incluirán nuevas centrales nucleares, más allá de los once grupos actualmente en construcción (por un total de 11.465 megavatios) y de los otros tres que en estos momentos se encuentran en la fase de la licencia previa (3.000 megavatios). La influencia de UNESA -acreditada ya en la elaboración y discusión del PEN, y renovada en el tratamiento fiscal y financiero privilegiado para los valores bursátiles eléctricos- seguramente alcanzará nuevas cotas.

No es extraño, pues, que Calvo Sotelo mostrase, en su. parca intervención en el debate de investidura, el silencio más despreciativo para la energía solar; como que tampoco aludiese a las posibilidades de ahorro energético. La única novedad aparente en este área de problemas es la promesa (pendiente desde los pactos de la Moncloa) de la constitución de un Instituto Nacional de Hidrocarburos. Pero una idea así puede convertirse en la típica operación cosmética; al amparo del inevitable «condicionamiento del Mercado Común europeo». Se crearía una sola empresa estatal, y luego, «para no establecer discriminaciones en contra de los intereses de la, empresa privada.», entrarían en España las grandes corporaciones multinacionales del petróleo (las «siete hermanas»: la Exxon, la Shell, la Mobil, etcétera). Tal vez surja a la postre. la aparente paradoja histórica de que si un Calvo Sotelo (don José, en 1927) creó Campsa para evitar el monopolio extranjero, otro Calvo Sotelo, don Leopoldo, podría reabrir el mercado español a esos mismos intereses foráneos 55 años después.

2. Promesa de una mayor aportación del Estado a la financiación de la Seguridad Social, sin especificar con qué clase de Presupuestos Generales del Estado. Desde luego, según todas las apariencias, más regresivos de lo que pudimos imaginar en los tiempos -1977- en que se comenzaba la reforma fiscal. Pero aparte de cómo se financiará esa recrecida aportación estatal -tema básico-, también ha de tenerse en cuenta la Qbservación complementaria del señor Calvo Sotelo, de que se procederá a una disminución de los tipos, a compensar con el incremento de las bases de cotización. Lo cual puede tener un grave impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas, precisamente las máximas creadoras de empleo y las que de manera más acusada padecen ahora la Seguridad Social.

3. La invitación a abrir un diálogo con los sindicatos, pero sin ningún compromiso claro de negociación. Las ofertas previas no pasan de ser un mero recuento de cuestiones, ya más o menos en marcha, o que, en otros casos, son poco prometedoras: formación profesional, empleo juvenil, movilidad interprofesional y geográfica, disminución de la edad de jubilación y asistencia al parado. En realidad, tales esas medidas estarían en la misma línea del programa de la CEOE, con la intención de facilitar el tránsito al despido libre.

4. Planteamientos de moderación salarial. El señor Calvo Sotelo, en su discurso de candidato, lo dijo con claridad meridiana: hay que frenar la inflación y reconstruir los beneficios de las empresas. O, aún más nítidamente, UCD tratará de acelerar el proceso, iniciado hace tres años, asegurándose de que los aumentos de productividad vayan por delante de los salarios reales.

Colateralmente habrá de recordarse que los estímulos a la inversión, que de forma tan pródiga se vienen facilitando, se traducen en buena medida en sustituciones de brazos por máquinas y de cerebros humanos por electrónica. Con ese tipo de inversión no se crea más empleo, sino más paro.

En definitiva, la derechización de UCD se refleja en su propio esquema, bien simple, de salida de la crisis: forzar los excedentes, aunque sea con más paro, y frenar la inflación conteniendo el precio del factor trabajo, pero sin para nada ocuparse de detener las alzas del dinero (encarecido en favor de la banca y de las grandes cuentas corrientes para la reciente liberalización del sistema financiero). Como tampoco puede encontrarse,en la programática del señor Calvo Sotelo ninguna referencia al precio del suelo, que sigue siendo objeto de máxima especulación no obstante lo previsto en el artículo 47 de la Constitución.

5. Las promesas de reconversión industrial están haciéndose desde 1975. Y ahora se reiteran, una vez más, sin concreciones innovadoras para los sectores más afectados (siderurgia, construcción naval, textil),Lo que sí se evidencia es la previsión del futuro otorgamiento -también en línea con las previas propuestas de la CEOE- de mayores facilidades para qué las empresas puedan desprenderse de sus trabajadores a través de los expedientes de regulación de empleo; otro eufemismo para el despido muchas veces masivo.

6. En los dos sectores actualmente en situación más crítica en la economía española, la agricultura y la pesca, las promesas de Calvo Sotelo fueron decepcionantes. Por un lado, adaptación de la reglamentación agraria hispana a los reglamentos agrícolas de las Comunidades Europeas. Sin embargo, no critico la reforma comunitaria de la agricultura, destinada en buena parte a frenar el potencial español. En cuanto a la pesca, el ahora nuevo presidente se limitó a dar por buenos los tratados que a duras penas se van consiguiendo.

La planificación de don Laureano
7. Hubo entre las previsiones de la nueva política económica. una considerable referencia a la planificación del sector público. Pero planteada de tal forma, que no parece vaya a ser otra cosa que un simple programa de inversiones públicas (el PIP), al estilo de los que «tan laboriosamente» hizo don Laureano López Rodó entre 1964 y 1973. Sin más consecuencias, por consiguiente, que racionalizar el apoyo desde el Estado al capital monopolista, a través de la presentación de compromisos públicos que no se fijarían en función de los intereses mayoritarios de la economía y de la población activa española, sino atendiendo a lo que marquen los grandes grupos de presión, se llamen UNESA, UNESID, ANFAC, CBS, o empresas transnacionales.

En síntesis, la política planteada por Calvo Sotelo es coherente con lo que representa su figura en el mundo financiero español, cada vez más dependiente del capitalismo transnacional. Lo regresivo de esa política se materializa en los puntos ya comentados. Pero igualmente se acusa en la propuesta de disminuir el gasto público (en 30.000 millones de pesetas); en la renuncia manifiesta a no dar ni un paso más en tres impuestos importantes previstos en la reforma fiscal (sucesiones y donaciones, patrimonio neto y TVA), y en la negativa a asumir la reforma de la empresa pública para convertirla en una palanca de salida de la crisis.

Modelos extranjeros
Como no podía ser menos, en el debate parlamentario de investidura hubo comparaciones internacionales en cuanto a antecedentes y a posibles consecuencias ya visibles de políticas liberales co m o la adoptada por Calvo Sotelo (que son en realidad las más conservadoras de las diseñables). Los modelos más comparables están ahí. El de la señora Thatcher, con sus resultados de 2,4 millones de parados, que seguramente llegará a tres millones antes de finales de 1981, alcanzándose entonces la cota del 12,5% del desempleo, la máxima en el Reino Unido desde los tétricos años de la gran depresión.

En cuanto al «liberalismo económico» de allende el Atlántico -« más al dia», subrayó el señor Calvo Sotelo-, ya conocemos el programa económico dé mister Reagan: reducciones del gasto público con supresión de numerosos subsidios, reducción del impuesto sobre la renta en un 30% y nueva reglamentación de las amortizaciones. Todo ello para forzar los excedentes de las empresas, a lo cual contribuirá -especialmente en favor de los grandes conglomerados- el aumento de los gastos de defensa, que para 1984 absorberán el 32% del presupuesto federal, frente al 24% de 1980-1981.

En definitiva, la dirección que apunta mister Reagan, de favorecer aún más el gran capital, será la misma del señor Calvo Sotelo. Aunque la economía española está en una situación comparativamente peor, es previsible, y hay que tratar de evitarlo, que en nuestro caso (servata distantia, habida cuenta de las diferencias de escala) se produzca un importante au mento de los gastos militares. Para ello, la UCD habría de conseguir hacer entrar a España en la OTAN antes de 1983, lo cual es otra historia Hasta 1983 falta mucho tiempo. Un tiempo que seguramente no va a trabajar en favor del regresivo programa del señor Calvo Sotelo, que en pocas semanas, a lo sumo meses, tendrá su fin en un nuevo ritual de cambios.

Ramón Tamames es catedrático de Estructura Econórnica de la Universidad Autónoma de Madrid y diputado del PCE.

Por la renovación del Partido Comunista de España



Por la renovación del Partido Comunista de España
RAMON TAMAMES 11 ENE 1981
Desde hace casi tres meses está abierto el debate en el PCE sobre los objetivos del X Congreso del partido, que se celebrará en julio de 1981. La discusión ya iniciada empezaba a transcurrir en términos bastante claros con el planteamiento, desde diversos ángulos, de la plena renovación del partido, frente a la posición de continuar básicamente en la misma línea anterior, de fuerte concentración de poder en unas estructuras de organización que no se adaptaron a las nuevas necesidades y aspiraciones de los trabajadores, de las clases populares y que han llevado a muchos (anticipando sus deseos a la realidad potencial) a hablar de que el PCE ha tocado techo.Ahora, tras los recientes y conocidos resultados del V Congreso del PSUC, el debate de cara al X Congreso del PCE puede pretender transformarse en dialéctica cerrada; de hecho, con una única y falsa disyuntiva: eurocomunismo o prosovietismo. La consecuencia inmediata sería un llamamiento a «cerrar filas», en base a la idea de la prioridad del eurocomunismo, sin que éste se haya esbozado suficientemente, sin una valoración crítica de las experiencias habidas y, sobre todo, relegando de forma más o menos sutil la cuestión capital de la democratización y renovación del partido. Creo que sería muy sano y conveniente, para todos los comunistas, y para la misma democracia española, evitar esa actitud de simplificación y a la vez de confusión.

No cabe, desde luego, minimizar los peligros que para las ideas de socialismo en libertad y para la independencia de los comunistas de toda España puedan significar determinadas resoluciones del V Congreso del PSUC. Pero me parece que para combatir esos peligros sería lamentable caer ahora en una especie de «santa cruzada» que pudiera oscurecer la realidad de los problemas con que hoy se enfrenta el PCE, lo cual equivaldría a no querer darles solución.

A lo largo de 1981 va a haber -ya ha comenzado- toda una secuencia de congresos de los más diversos partidos. En esa perspectiva de encuentros políticos que van a incidir en las nuevas estrategias para consolidar la democracia, y con la vista puesta en el horizonte 83, sería un error iniciar el X Congreso del PCE desde un pretendido dilema de enfrentar el eurocomunismo sin renovación frente al prosovietismo. Ese dilema, a mi juicio, no existe; porque la inmensa mayoría de los militantes comunistas tenemos claro que en España no se puede ser otra cosa que eurocomunistas y renovadores; es decir, estar por la búsqueda de una vía española al socialismo en un contexto constitucional de libertades públicas, de derechos sociales y humanos, y de pluripartidismo. Pero todo ello sin olvidar que, inexorablemente, la democracia debe llegar en el interior del partido a todos sus órganos y actividades, con el pleno respeto garantizado de las posiciones minoritarias.

Frente a la renovación, las consecuencias de «cerrar filas» no sería otra, a la postre, que mantener y agravar aún más las tendencias oligárquicas y de ineficiencia que, al disminuir la vida política de los comunistas, son precisamente las que crean las condiciones más propicias para el desánimo: haciendo caer la militancia, posibilitando al final -como en cierto modo puede haber sucedido en el PSUC- que una cierta minoría gane una influencia dentro del partido muy superior a lo que representa respecto de una base electoral que a la hora de elegirse los delegados al congreso optó en muy buena parte por el abstencionismo.

El mejor antídoto contra cualquier prosovietismo, prochinismo, etcétera, no es otro que democratizar, descentralizar, organizar mejor el PCE. Para enraizarlo a fondo en nuestra sociedad, para hacer que en él se sientan rellejados los intereses de una proporción creciente de trabajadores españoles, o de simples, dignos y muy atendibles anhelos populares de buen gobierno. Y esto significa llevar al eurocomunismo hasta sus últimas consecuencias en la lucha contra una serie de situaciones concretas que hoy se dan en el PCE. Poniendo fin a la burocratización mediocrizante, creando una malla de auténticas corresponsabilidades, acabando con concepciones patrimoniales del partido, para evitar cualquier veleidad de marca de uso vitalicio. Como igualmente es preciso asumir plenamente la Constitución, no cayendo en tesis estereotipadas, y muy poco democráticas, de que se trata de una Constitución burguesa. No olvidemos, por favor, que ésa es una Constitución que nosotros los comunistas apoyamos con entusiasmo, a pesar de las críticas de detalle que pudiéramos hacer.
Asimismo, la renovación que los eurocomunistas todos hemos de planteamos ha de poner término a los viejos métodos de trabajo, aún impregnados de hábitos de la clandestinidad, de no pocas inercias históricas, y de menosprecio, en ocasiones, de movimientos, populares de interés y de conocimientos técnicos fundamentales a tener en cuenta en nuestra sociedad. O se camina hacia una mayor eficiencia, con mayor formación y más capacidad de irradiación de todos los comunistas en todos los ámbitos en el Parlamento, en los órganos autonómicos, en los ayuntamientos, en el sindicalismo, etcétera-, o el proceso de de clive del partido sería inevitable. Estamos a tiempo de cambiar, pero el plazo no es indefinido. En mi opinión, ya lo he dicho en otras ocasiones, hay que introducir también en el PCE -y en la sociedad española en su conjunto-, de forma explícita y renovada, los valores de regeneracionismo ético, político y cultural, que tan importantes muestras tiene en una parte de nuestro pasado histórico. De cara a los problemas con que se enfrenta nuestra sociedad, hay que relanzar ese regeneracionsimo contra las viejas prácticas del caciquismo que perviven por doquier con nuevas formas, contra el comportamiento de toda una serie de gremialismos y corporativismos que implican un abandono real de cualquier actitud solidaria, incluso en áreas sociales en que difícilmente podrían haberse concebido hace no tanto tiempo. Sólo así los comunistas españoles podremos plantear que se ponga fin al fatalismo de la derecha, que pretende convencernos de que con la democracia todo va a seguir más o menos igual que hasta ahora.
En suma, es indispensable abrir, de cara al décimo congreso, una discusión profunda sobre los problemas concretos de la generalidad de nuestra vida política, no solamente sobre temas internacionales y cuestiones ideológicas. Debemos poner en, un primer plano la preocupación por la transformación de la sociedad española, del camino a seguir si verdaderamente queremos salir de las inercias que nos sitúan hoy en la regresión de la crisis económica, del paro, del terrorismo y de un Estado de las autonomías de perspectivas rodeadas de toda suerte de incertidumbres.
Ese programa de transformaciones pasa por temas específicos, sin perder la visión de globalidad: la reforma agraria en extensas zonas de España para lograr una agricultura moderna y capaz; la reconstrucción del sistema de empresas públicas, para que éstas sean piezas esenciales de un sector público transformador; la mayor atención al escenario del sistema productivo, para evitar que sigamos en la pendiente de un medio ambiente que se deteriora día a día en medio de toda clase de mixtificaciones y paradojas saudoecológicas por parte del Estado; la crítica del proceso ya actual de desindustrialización de España, que está en camino de convertirnos en un país en vías de subdesarrollo. Como también el PCE debe levantar de forma decidida la bandera de la planificación democrática -prevista en nuestra Constitución- frente al derroche vergonzante de la actual política económica y social, que es técnicamente poco imaginativa, socialmente reaccionaria, que estratégicamente conduce a una mayor dependencia y cuyos objetivos últimos para la derecha están en la entrada en la OTAN, aceptando los términos de un imperialismo más sutil que el de antaño, pero no por ello menos determinante de un futuro que no podemos enajenar.
Y para lograr todo eso, para contribuir a todo eso, el PCE debe transformarse, hacerse más democrático en sus sistemas representativos y de decisión, alejándose definitivamente los carismas, de las mayorías más o menos mecánicas, que tienen su origen en sistemas de cooptación ya absolutamente periclitados. Además, hemos de dar nueva vida a las antiguas agrupaciones de los centros de trabajo, de técnicos, de profesionales, y crear para el conjunto del partido una estructura de carácter federal que asegure la personalidad propia de las diferentes organizaciones territoriales en convivencia con una buena coordinación del trabajo.
Todos esos cambios importantes son los que pueden dar la idea real a la inmensa mayoría de los españoles que nos contemplan de que el PCE se renueva, que se pone a punto. Es la única forma, por lo demás, de recuperar a la mayoría de los antiguos camaradas, de reclutar en la senda de una esperanza reconstruida nuevas fuerzas entre la juventud, entre las mujeres, y dentro de lo que ahora es el espacio potencialmente más fuerte de las fuerzas del progreso en España, el enorme territorio, políticamente decepcionado, del abstencionismo.
El PCE, en su renovación, debe dejar claro que un partido político -incluso el comunista- es un medio de lucha política y no un fin en sí mismo. Todo el mundo debe quedar convencido de que no se trata de mantener unos ciertos poderes por unos ciertos dirigentes en el recinto de una estructura política hermética, que por ello mismo podría verse reducida a dimensiones cada vez menores y de incidencia cada vez menos operante. Por el contrario, el PCE debe ser un inmenso lugar de encuentro para trabajar y hacer política. Cada miembro del PCE -y esa es labor de la organización- debe tener una participación efectiva, su propio proyecto de realización personal efectiva dentro de una perspectiva global, dentro del proyecto general de cambiar la sociedad y democratizar el Estado para lograr una vida cotidiana cada vez más completa de posibilidades de trabajo, de cultura, de fraternidad.
Estamos ante la opción histórica de recuperar y engrandecer nuestra fuerza en una importante palanca de transformación de la sociedad española, en la vía de la democratización, de la modernización, del trabajo, de la convivencia. Para promover la unidad de la izquierda con los socialistas y todas las demás fuerzas de progreso. Y ese cúmulo de objetivos no será posible sino con la plena democratización y renovación del PCE, de forma que su imagen y su realidad interna lleguen a ser plenamente coherentes con los propósitos de un socialismo en libertad al nivel de nuestro tiempo

Crisis de la sociedad y reflexión sobre los partidos políticos / 1, 2 y 3



Crisis de la sociedad y reflexión sobre los partidos políticos / 1
RAMON TAMAMES 25 NOV 1980
1. La derecha no tiene por qué ser eterna.
Se dice actualmente que todo marcha mal, y que casi todo va a peor. Se asevera que tenemos un modelo de Estado que no funciona, y que la burocracia acabará frenándolo todo. Se echa la culpa al Gobierno, al Parlamento, a los partidos. Pero en vez de caer en esas lamentaciones tópicas, merece la pena preguntarse si los males no son más profundos, y si no es la sociedad la que globalmente carece de respuestas a los problemas de hoy. O habrá incluso que plantearse si los partidos no habrán asumido tareas superiores a sus fuerzas en esta transición que se alarga más y más.
La responsabilidad de los partidos políticos, es muy grande, tanto por la envergadura de la tarea -especialmente en un país con tan poco asociacionismo-, como por la insuficiente organización que todavía padecen, y que puede estar contribuyendo a convertir a la nuestra en una democracia mediocre en muchos aspectos. Sin olvidar las resistencias a cambiar estructuras del pasado, sin minusvalorar -pero también sin sobrevalorarlos- ciertos poderes fácticos, la verdad es que los partidos, o aún no se han formado suficientemente, o se han quedado anticuados, o no son plenamente democráticos.
Por su parte, los sindicatos no han pasado todavía de la fase de la reivindicación a la de planteamiento operativo de opciones, en buena medida por la aversión gubernativa de UCD al sindicalismo, y por la división que se perpetúa en el mundo sindical, por el mismo hecho de la falta de unión de la izquierda política.
Los movimientos ciudadanos son esperanzadores, pero no han alcanzado el mínimo desarrollo para incidir sustancialmente como fuerza compensadora de los grandes grupos de presión capitalistas. Cabe imputarlo, en no poca medida, a la falta de capacidad de los propios partidos políticos, que les ha drenado potencial para semiolvidarlos después. La juventud, por su lado, se inhibe de la política, en un fenómeno de pasotismo que por su generalización se sitúa ya en niveles macrosociales. Así, la expectativa de un vasto movimiento renovador se ve alejada con el languidecimiento de las asociaciones en general, y por la relativa inhibición de los ecologistas, que en medio de la crisis económica se sienten abandonados.
La universidad, después de años de lucha política y de vanguardia cultural -con todos sus altibajos-, se sitúa hoy en uno de los puntos más bajos, en tanto que la inteligencia no oculta su escepticismo y, de una u otra forma, se incrusta en el establishment. De esta forma, con todas sus crisis, el capitalismo -salvo por grupos casi siempre considerados marginales- no es puesto en duda seriamente; y la perpetuidad del sistema parece garantizada en los análisis de la misma izquierda. ¡¡Qué gran diferencia con la visión que en 1847 se tenía en el Manifiesto, cuando se preveía el triunfo del socialismo a no tan largo plazo!!
Con este panorama más bien sombrío de la realidad, son muchos los políticos a quienes -a pesar del desencanto, o precisamente contribuyendo a él- les encanta hacer largas digresiones sobre si en la España de la transición ha habido reforma o ruptura. Cuando la cuestión trascendental y urgente es la evidencia de que hay un bloqueo de la democracia que se manifiesta en la estructura económica (el poder refortalecido de la oligarquía financiera, cada vez más desnacionalizada), en el sistema electoral (el mantenimiento del decreto ley todavía semifranquista de 20 de marzo de 1977), en el control de RTVE por el Gobierno y UCD. Y, lo que es más grave, todo eso es fácilmente continuable, por la división de la izquierda, tanto en lo político como en lo sindical, que precisamente por su antagonismo interno no da una respuesta clara y creíble a la crisis económica, al gremialismo, al corporativismo. Y en la pretendida vía de un Estado de autonomías, más que el camino federal se contempla cómo podemos estar transitando por la senda de la balcanización. Por último, el terrorismo se ha convertido en una especie de curaré en el cuerpo social de España, que se nos va infiltrando para paralizar progresivamente más y más la iniciativa social.

2. Las fáciles conjeturas y el cambio necesario
Por todas estas circunstancias creo que es un ejercicio políticamente vano y engañoso dedicar -como se dedica- tanto de nuestro tiempo a hacer conjeturas sobre posibles crisis convencionales de Gobierno, o a les avances de estos o aquellos barones, o al surgimiento de estos o aquellos delfines. Lo importante, me parece, es plantear la cuestión de la democracia como forma de vida, y no como simple método de elección para que la derecha siga detentando el poder.
En otras ocasiones lo he dicho -y la última ve i fue durante el debate de la cuestión de confianza, aunque lo hiciera sin reunir una buena docena de citas eruditas, como algunos habrían querido-: que se trata de buscar una alternativa regeneracionista frente al canovismo en el que la sociedad y el Estado en España se van sumiendo día a día; desde luego, por obra y gracia de la política de una derecha temerosa de cambios sociales inevitables a poca modernización que se quiera. Una derecha, además, que está aún muy claramente veteada de franquismo sociológico y político, sin que lo más progresista de UCD se decida a desprenderse de ese lastre histórico.
Pero con ser preocupante el trance canovista, lo más grave es que está siendo perfectamente tolerado por la izquierda, por sus divisiones y antagonismos. La izquierda políticamente más representativa parece haber renunciado a cualquier clase de horizonte utópico, en la idea de encontrar unos pocos centenares de miles de votos de la desengañada derecha; donde habría que buscarlos es entre los siete millones de españoles que no votaron en 1979, o entre los diez millones que, de seguir así las cosas, no votarán en 1983, o en 1982..., o en 1981.
Es necesaria una estrategia de cambio dentro de la democracia, dentro de la Constitución, dentro de la izquierda. Es preciso decirle al país que no está condenado a ser gobernado eternamente por la derecha, que las imágenes de Suárez, Martín Villa o Rosón no tienen por qué permanecer por diez años todos los días en los televisores y en la Prensa. El pedigrée político de esos protagonistas no es el más brillante, y por muchos actos de fe de democracia que hagan cada día, no deberíamos garantizarles una vida política activa más allá de un modesto período de transición, que ya debería estar tocando su final. Pero hay extendida una suerte de fatalismo de que en la onda larga de la recesión en que vivimos actualmente no puede sino triunfar la derecha. Y el fatalismo inhibe todavía más. Lo primero, pues, es liberarnos de él, dándonos cuenta de la situación a que hemos venido a dar, para empezar a poner remedios. Y apreciando cómo la derecha en la sociedad actual no tiene verdaderas soluciones.

3. La crisis económica no la resolverá la derecha
En la mayoría de los países desarrollados es manifiesto hoy -y las excepciones pueden ser Japón, Alemania y pocos casos más- un considerable declive económico. Es un hecho nuevo para las generaciones que actualmente están en edad activa y que contemplaron el crecimiento acelerado de los años cincuenta a los setenta.
En el caso de Estados Unidos, las consecuencias van a ser serias en los próximos años, porque si quieren mantener su influencia mundial habrán de hacer un mayor esfuerzo en términos del tanto por ciento del PNB dedicado a armamento y actividades trasnacionales. Lo cual, en medio de una depresión, es difícilmente concebido sin el riesgo permanente de una guerra, que por ello mismo podría desencadenarse en cualquier momento, con consecuencias difícilmente previsibles.
Claro es que hay toda clase de soluciones prefabricadas, que plantean como posibilidad que la expansión de la industria de armamentos sea la forma de salir de la depresión. Un movimiento «intelectual» que se presenta de forma sutil, como un liberalismo renovado, pero que difícilmente podrá tener éxito cuando la estructura de la sociedad tiene ya bien poco de liberal. Ese es el argumento de Galbraith cuando subraya que Milton Friedman tendría razones para ser el profeta del liberalismo, pero en otro mundo, en el que no hubiera sindicatos, ni asociaciones de agricultores, ni tampoco una OPEP.
En realidad, ese liberalismo ya sabemos lo que es y a lo que llega, porque se ha experimentado en Chile y el Reino Unido. En Chile, para introducirlo, fue necesaria una dictadura política; en Inglaterra, una depresión de caballo, sólo comparable a la de los años treinta. Parece que ahora se produce la verdadera llegada del Mesías: Milton Friedman in person al poder; con Reagan. Aunque seguramente no habrá que esperar mucho para ver que Reagan puede ser el Hoover de nuestro tiempo, que con sus recetas liberales no resolvió la gran depresión. Tuvo que llegar Roosevelt, en 1933, con el intervencionismo del New Deal, para enderezar la situación. Esperemos que esta vez no sea necesaria, para conseguir el relanzamiento del capitalismo, una tercera guerra mundial.

Crisis de la sociedad y reflexión sobre los partidos políticos/ 2
RAMON TAMAMES 26 NOV 1980
4.- El pretendido liberalismo vive de mitos.
Como el de la necesidad de disminuir los salarios reales; a pesar de que la experiencia demuestra que la mayor desigualdad en la distribución de la renta no favorece precisamente el crecimiento, sino más bien lo contrario.4. Las recetas del falso liberalismo
Por otra parte, tampoco puede conseguirse un desarrollo más rápido a base simplemente de disminuir la intervención del sector público. También en este caso la experiencia indica con claridad que el crecimiento fue mayor con más intervención; al menos en países como Estados Unidos durante la segunda guerra mundial. Y en el Reino Unido, a pesar de la mayor intervención pública desde 1945, el crecimiento también resultó más veloz que en los años veinte y treinta, de menor presencia del Estado en la economía. Desde luego que la tecnología y el ciclo, también contribuyen a esas variaciones, pero parece suficientemente claro que no cabe aceptar, sin más, como una relación causa/efecto irrefutable la de mayor intervención pública/ tendencia al declive económico. Sin ir más lejos, Japón es un ejemplo de actividad del Estado en íntima conexión con la empresa privada.
También los nuevos y falsos liberales pretenden que el sistema económico ha adquirido una excesiva rigidez a causa del gran número de reglamentaciones económicas y laborales. Pero suprimir todas esas regulaciones resulta literalmente imposible, porque los problemas técnicos van haciéndose más y más complejos en materia de contaminación, energía, alimentación, etcétera. Realmente, al final, podemos apreciar cómo el sueño liberal no es una aspiración romántica, de simplificar la vida para simplificar las intervenciones; más bien es un propósito disfrazado de suprimir las intervenciones más molestas para los fuertes, al tiempo que se pretende lograr más protección para los de siempre.

5. «La defensa del territorio»
Con un menor peligro de guerra -o por lo menos esa es la apariencia-, con un mayor desarrollo del sindicalismo y de los movimientos de liberación, las decisiones son más difíciles de adoptar en el mundo de hoy. Nos hallamos en una sociedad donde existe la conciencia de que la mejora de cualquier grupo social implica el deterioro relativo de otro u otros grupos. Es la sociedad de suma cero a la que se ha referido Lester C. Turow. En esa sociedad, cada uno se defiende para impedir que disminuya su nivel relativo, de la forma que aproximadamente Robert Audrey ha sabido describir en su estudio antropológico sobre El instinto del cazador, al referirse a la defensa que cada grupo social hace de su propio territorio, para evitar la entrada de cualquier intruso que pueda pcner en peligro su grado de bienestar.
La «defensa del territorio», se exacerba con la crisis. En el caso de las relaciones de trabajo, con la segmentación del mercado se agudiza el gremialismo, los planteamientos insolidarios por parte de una considerable proporción de trabajadores que a toda costa pretenden mejorar, en tanto que el conjunto empeora. Y, análogamente sucede con el corporativismo de los cuerpos de funcionarios, que en medio de la crisis pretenden mantener sus privilegios, y a ser posible incluso aumentarlos. Así, el gremialismo y el corporativismo -y no digamos, el crónico egoismo social de la oligarquía- introducen una gran rigidez en el sistema, dificultan el pacto para redistribuir el trabajo y la renta, y acaban -a menos que haya un Gobierno de amplia base popular decidido a arrostrar la impopularidad- por hacer sumamente dificil o imposible una verdadera planificación democrática.

6. Balcanización del poder
Hay, además, una balcanización del poder. En el período de entreguerras (1918-1939), o incluso antes de la primera guerra mundial, se hablaba de los Balcanes como del «avispero de Europa», por el mosaico de nacionalidades existentes en una multiplicidad de Estados de reciente creación y sumamente inestables. Cualquier problema en los Balcanes se convertía en conflicto, por la falta de verdaderos poderes constituidos para superar las contradicciones pacíficamente. Esto es lo que comienza a pasar también hoy en el interior de casi todos los Estados.
Y España no es ninguna excepción. El poder del Estado ya no es reconocido como un excelso dirimente de conflictos. Las nacionalidades, regiones y municipios, los grupos sociales más diversos, las asociaciones -por no hablar de los sempiternos grupos de presiónquieren intervenir en cualquier decisión, participar en la elaboración de cualquier norma, vigilar su aplicación cuando afecte a su problema, a «su territorio». Por ejemplo, la localización de las plantas energéticas o industriales, las explotaciones mineras, el reparto de los impuestos, las competencias de educación, las facilidades financieras, etcétera. Incluso llega a verse amenazada la propia integridad del mercado nacional, tan costosamente construido a lo largo de mucho tiempo.
Y en cualquier caso, lo que está claro es que por la balcanización, las decisiones tardan mucho en adoptarse, y cuando se logran, las soluciones no siempre son las mejores para los intereses generales de la comunidad, sino el resultado de una dificil transación en la cual los intereses más fuertes (aunque no sean los mayoritarios) son los que acaban por pesar más.

7. Electoralismo y seguridad.
A las anteriores dificultades ha de agregarse que el breve plazo entre elecciones no favorecen precisamente los proyectos de inversión a largo plazo, que resultan muy costosos, que son cada vez de más difícil decisión, y que a la postre se revelan como de pequeño rendimiento electoral. Se prefieren los proyectos a corto plazo, de más clara rentabilidad electorera. Así, la previsión económica y la planificación, quedan sustituidas por las medidas semidiariamente ímprovisadas por las perentorias circunstancias; corno la planificación acaba por presentarse como si se tratara de una quimera inalcanzable, sobre la que además está de moda -entre los pseudoliberales- hacer bromas de más o menos mal gusto.
Hay, incluso, aspectos de psicología social insuficientemente valorados. Quiero decir que como consecuencia de la experiencia histórica de las últimas décadas de crecimiento, existía y aún existe la expectativa de una continua mejora en el nivel de vida. Y parar en esa senda que parecía iba a ser siempre ascendente, origina frustraciones, hace insufrible la sensación de póbreza simplemente por crecer más lentamente de lo que cada uno esperaba.
Por lo demás, en la situación anterior, el crecimiento acelerado representaba un efecto de lubricación, se admitían transitoriamente algunas pérdidas comparativas, en la seguridad de que en poco tiempo se recuperaría la distancia perdida. Pero esto es mucho más difícil o termina por hacerse imposible en una fase de estancamiento como la que ahora atravesamos.
Otro factor que influye en la rigidez del sistema es el deseo de obtener un mayor grado de seguridad. El riesgo al que tanto se alaba todavía por los empresarios en los discursos, se evita siempre que se puede, y para ello se recurre al Gobierno. Aunque a veces la «salvación» no sea otra cosa que prolongar su agonía, sin una verdadera re conversión. De esta forma se gana en seguridad, pero se pierde en competencia, y el progreso -entendido como antes- no puede por menos de ralentizarse. Lo cual no sería ninguna tragedia si se hiciese racional y voluntariamente, como se pretende por los partidarios del crecimiento cero.
Ramón Tamames es diputado del PCE por Madrid. La primera parte de este artículo se publicó en la edición de EL PAIS de ayer, día 25.

Crisis de la sociedad y reflexión sobre los partidos políticos / y 3
RAMON TAMAMES 27 NOV 1980
El cúmulo de dificultades, que hasta aquí hemos examinado, en la década de los años ochenta va a verse dramáticamente incidido por tres problemas que en los sesenta y setenta eran ignorados o fueron de una gravedad mucho menor. Me refiero a los temas de la energía, el medio ambiente y la inflación de dos dígitos.8. Los problemas más específicos de los ochenta
El canto eufórico de la energía abundante y barata del pasado reciente se ha sustituido por el lamento de la incidencia que la crisis energética tiene en el alto nivel de inflación y en el bajo ritmo de crecimiento. Aún es muy seria la resistencia a admitir que sólo la planificación podrá dar solución a los problemas energéticos o, por lo menos, frenar el deterioro que de otra forma conducirá al colapso de los países industriales. Pero aparte de que la incipiente planificación energética se hace en base a criterios de grupos de poder, lo cierto es que la planificación de un sector así, dejando el resto de la economía a su aire, subraya aún más la contradicción que pesa sobre toda la elaboración de la política económica en el capitalismo en su fase de reverdecimiento seudoliberal.
Al segundo tema antes enunciado ya he hecho numerosas referencias en otros trabajos. Pero ahora lo que quiero es destacar que se acusa mucho a los ecologistas de haber contribuido y de estar contribuyendo a frenar, o incluso a, detener, el crecimiento económico. Pero no es así. En realidad, la aparición del movimiento, ecologista coincide con los últimos años del crecimiento acelerado, como crítica precisamente a los excesos depredadores, para sólo alcanzar una fuerza considerable cuando la crisis económica ya estaba plenamente en marcha. Por tanto, no hay una relación causa/efecto. Pero la preocupación por el medio ambiente sí que tiene una gran trascendencia, de cara al futuro, como apreciación de que, superada la segunda gran depresión del siglo XX, ya no será posible crecer como antes. Y a esto se oponen los nuevos «liberales», que, en buena parte, consideran a la ecología como un estorbe. No hay más que recordar las desafortunadas referencias que a este tema concreto hizo Ronald Reagan en su campana electoral.
Por último, entre los problemas agravados de los años ochenta, figura la inflación. Vivimos en la era de la inflación sociológica en que la inflación se hace, en la mayoría de los países, endémica, permanente. Frente a ella la cura a base de recetas monetarias y fiscales casi nunca tiene éxito. Las excepciones de la República Federal de Alemania y de Suiza se deben a que ambas economías operan con existencias importantes de trabajadores extranjeros, que actúan como elementos reguladores difíciles de encontrar en otros países. En los demás casos, el monetarismo, sin más, conduce al estancamiento, y con la cura que se le aplica el paciente hibernizado puede llegar a entrar en la fase económica agónica, de consecuencias políticas y sociales siempre inciertas y seguramente muy graves.

9. Reflexión sobre los partidos
Nuestra sociedad implica la necesidad de decisiones claras, aunque produzcan pérdidas relativas para unos al mismo tiempo que ventajas para otros. Es necesario hacer la elección, decidirse, con todas sus consecuencias, por reformas concretas, evitando la demora sine die. Para ello es necesario un Estado que funcione con eficacia, sin frenos bloqueadores. Pero eso, a su vez, exige un mundo político con más claridad de ideas y más capacidad de decisión. Lo cual nos lleva a la segunda parte de este discurso, en la que quiero abordar la forma de comportarse los principales protagonistas sociales y, en definitiva, los que pretenden gobernar. Me refiero, naturalmente, a los partidos políticos. En ese contexto, interesa hacer algunas apreciaciones:
1. La democracia, más que en una forma de vida, en las sociedades industriales está acabando por convertirse en un simple método para elegir al grupo dominante. Un método incluso trucado. Un observador político nada sospechoso -Pablo Irazazábal, de RTVE- ponía de relieve, comentando la, elección de Ronald Reagan como presidente de EE UU, que en Norteamérica el pueblo elige cada vez menos y que, en cambio, determinadas instituciones cada vez influyen más. En realidad, venía a decir, Reagan quedó de hecho elegido seis meses antes del 4 de noviembre de 1980, desde el mismo momento en que la Trilateral decidió apoyarle. En el caso más concreto de los partidos políticos, sus sistemas electivos son poco democráticos, con la consecuencia de situar en su cúspidea la figura cuasi omnipotente del secretario general o del presidente.
2. Pero los problemas de los partidos políticos no sólo radican en la forma de elegir a sus máximos dirigentes, sino en cómo funcionan sus órganos de poder. En realidad, por la forma de competir en el escenario político electoral, los partidos políticos han sido comparados muchas veces a verdaderas oligarquías. Se disminuye el número de participantes en la elaboración de la línea política, en la toma de decisiones; funciones que se asumen en proporciones muy altas por los secretarios generales o los presidentes, que adquieren características pretendidarrienie carismáticas, con seria tendencia a la «magistratura vitálicia».
3. Las tendencias consumistas del mercado se transmiten también al escenario político (que es un mercado de votos), donde se tiende -como ya vimos antes- a subestimar las necesidades a largo plazo, y a supervalorar las necesidades a corto plazo de ocio y consumo. De este modo, los partidos políticos renuncian a hablar con claridad a los electores y, por razones electoreras, hacen hincapié en cuestiones a corto plaza. De ello se deriva que la diferencia entre opciones de izquierda y de derecha tiende a disminuir.
4. La falta de una buena corriente de información dentro del partido, de una formación cultural y política de sus miembros, hace que predomine una exposición muy simplificada de la línea política, que en los casos extremos llega a adquirir carácter casi dogmático. Se tiende a suplir a la información y a la cultura política en el caso límite con la veneración o el culto a la personalidad.
5. En el engranaje que comentamos, sin una mayor dosis de democracia interna, la política tiende a transformarse en una cuestión de prestigio personal. Y así, la democracia como forma de vida colectiva acaba por convertirse para algunos políticos en una forma profesionalizada de vivir. Y como la forma de vida determina la conciencia, el político profesional polariza todo en el mantenimiento de su poder.
6. El siguiente paso de oligarquización del poder en los partidos se da en la burocracia, que, como ha dicho Windmeier, contamina el flujo de la información, controla el dinero, los resortes de la propaganda y criba las iniciativas de base.

Y punto final. Otro día podremos seguir. Muchos de los males que nos aquejan provienen de una crisis del Estado y de una crisis de la sociedad que tenemos que resolver. Y para encontrar soluciones lo, primero que necesitamos -y a eso he querido yo contribuir con esta conferencia- es un diagnóstico profundo de la situación de la democracia española, empezando por los partidos, que tienen que cambiar mucho para que, en vez de ir a remolque de la sociedad, se tranformen verdaderamente en palancas de cambio, de modernización y progreso, en centros de análisis profundos de los problemas del país y de búsqueda de soluciones.

Ramón Tamames es diputado del PCE por Madrid. Este artículo consta de tres partes. Las dos anteriores se publicaron los días 25 y 26.